España

El Supremo mantiene la pena de prisión de 3 años y 8 meses para Matas

El Tribunal Supremo ha reatificado la condena de 3 años y 8 meses para el expresidente del Govern balear, Jaume Matas, que le impuso la Audiencia Provincial de Palma el pasado 17 de febrero de 2017. [Lea la sentencia completa aquí]

La sentencia de la Audiencia de Balerares declaró a Matas responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos. Fue condenado a 3 años de prisión, multa de 7 meses y 17 días a razón de una cuota diaria de diez euros y 3 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público estatal, autonómico o local.

Además, el exministro fue condenado a un delito de fraude a la administración, por el que se le penó con 8 meses de prisión y a 4 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público estatal, autonómico o local.

El Supremo también ratifica la condena de 15 meses al exdirector general de Deportes de dicha comunidad José Luis Ballester; 15 meses al exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal; 1 año al exgerente del Instituto Balear de Turismo Juan Carlos Alía; y 1 año de cárcel al exasesor jurídico de dicho Instituto Miguel Àngel Bonet. Se confirman además las absoluciones dictadas por la Audiencia balear. A los cuatro últimos se les sustituye la pena de prisión por una multa al aplicarles la atenuante de colaboración y reparación del daño.

El papel de Matas en el caso Nóos

La Audiencia falló que la contratación de la mercantil Nóos Consultoría Estratégica por parte de la administración balear para la realización de los eventos denominados ‘Illes Balears Fórum 2005 y 2006’, se llevó a cabo prescindiendo de la tramitación legal que era aplicable y, respondió, a la decisión unilateral de Matas, “debido a la influencia ejercida por Urdangarin, concertado con su entonces socio, Diego Torres”.

Según recogía la sentencia, Urdangarin se sirvió de la “íntima relación de amistad” que tenía con el entonces director general de Deportes, José Luis Ballester, “y del privilegiado posicionamiento institucional que ocupaba en aquellas fechas”.

Así, las decisiones adoptadas por Matas fueron trasladadas por Ballester, al gerente del Ibatur, Juan Carlos Alía, y, éste a su vez, al asesor jurídico de Ibatur, Miguel Ángel Bonet, y al gerente de la Fundación Illesport, Gonzalo Bernal, quienes, “trataron de revestir de legalidad las decisiones unilateralmente adoptadas por Matas, simulando que habían sido tomadas por la Fundación Illesport a través de la confección de unas actas en las que se hacían constar reuniones de la Comisión Ejecutiva o del Patronato de la Fundación, que nunca se celebraron”.