El Supremo imputará al ‘fallavotos’ Alberto Casero por malversación además de por prevaricación

El Tribunal Supremo imputará al diputado del PP, el fallavotos Alberto Casero, no sólo por un presunto delito de prevaricación –como apreció una juez de Trujillo (Cáceres) en su exposición razonada– sino además por una presunta malversación de fondos públicos, castigada con una pena de prisión de dos a seis años. El Alto Tribunal admitirá la causa contra la mano derecha del ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, que con su voto erróneo permitió al Gobierno aprobar la reforma laboral, y le citará a declarar en calidad de investigado.

El ponente que redactará la admisión a trámite es el juez de la Sala de lo Penal, Miguel Colmenero. De esta manera, el Supremo dará respuesta al Juzgado de Instrucción número 2 de Trujillo (Cáceres) que, apoyándose en el informe de la Fiscalía, instó al Alto Tribunal a investigar a Casero, responsable, por su error en la votación, de que la reforma laboral del Gobierno saliera adelante.

Las diligencias previas contra Casero se incoaron por la denuncia presentada por la Fiscalía a la luz del estudio de diversos contratos, acuerdos o convenios concertados por Casero como alcalde de Trujillo durante 2017 y 2018. Entendía la magistrada que pueden existir «indiciaria responsabilidad penal» del diputado, aforado por ser diputado electo por Cáceres, según subrayaba la exposición razonada.  En concreto, según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se investiga si Casero, como primer edil de Trujillo, adjudicó contratos a dedo, sin expedientes y saltándose la Ley de Contratos Públicos.

La exposición apuntaba que, a lo largo de la investigación, «ha quedado acreditado que el 3 de marzo de 2017, Casero contrató a Pablo Bonilla en calidad de psicólogo para asistir a mujeres víctimas de violencia de género, que éste cobró facturas por esos trabajos por importe de más de 6.000 euros a pesar de estar dado de baja de la Seguridad Social, y que firmó con él un contrato menor en agosto de ese año por valor de 18.000 euros anuales».

Irregularidades en la gestión

Según indicó la magistrada, Casero «no informó ni aportó al ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó expediente de contratación, ni se recabó informe del órgano de Contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto». Tampoco consta que el psicólogo realizara los servicios por los que presentó factura. La Comisión de Violencia de Género asegura que «no le consta ninguna actuación» de Bonilla en dicho órgano.

Del mismo modo, el escrito expone que Casero firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Perú por el que se comprometía a realizar una aportación económica de 25.000 euros para financiarlo.

Pero Casero no informó a los servicios económicos ni jurídicos del consistorio y no aportó copia del convenio al interventor. Además, la juez recuerda que dicho contrato no fue aprobado en pleno ni publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A todo ello se suma que Casero no podía adjudicarlo directamente porque superaba los 18.000 euros y, por tanto, precisaba licitación. La exposición recogía que tanto el psicólogo Pablo Bonilla como la Cámara de Comercio de Perú reclamaron parte de las facturas que no fueron abonadas por el consistorio.

La feria del queso

Además del asunto del psicólogo y del convenio, el juzgado menciona otros tres asuntos. Uno de ellos hace referencia al compromiso verbal de Casero en 2017 con la Asociación Cultural Bon Vivant para celebrar en Trujillo la gala Pop Eye a cambio del patrocinio institucional de 18.000 euros. Una vez más, Casero no informó a los servicios competentes, y no tramitó expediente.

En 2018 contrató a Icaro Consultores en Comunicación para organizar la feria del queso por un importe de 14.300 euros como contrato menor. El procedimiento no siguió los cauces habituales y resultó inadecuado.

Y, por último, en el marco de la feria internacional del queso firmó también contrato con Radio Interior SL para promocionarla. El convenio se firmó como un contrato menor pese a superar los 15.000 euros que le obligaba a licitarlo.