El Supremo cree que la trama de Ábalos usó su condición como nº 2 de Sánchez para lograr contratos

El Tribunal Supremo apunta que la trama en la que, según la investigación, el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tenía un «papel principal», habría usado su condición de secretario de organización del PSOE, es decir, la posición con más poder en el partido después del secretario general, Pedro Sánchez, para «participar en contrataciones de otras administraciones».

El auto del Alto Tribunal, fechado en el 5 de noviembre, imputa a Ábalos por «pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación». En el mismo escrito, detalla que «esa organización» habría estado «aprovechando la condición de aforado de Secretario de organización del partido político PSOE» para «participar en las contrataciones de otras administraciones».

El escrito judicial asegura que «las personas investigadas se integran en una organización criminal que actuaban con la información previa de la que disponían, a partir de los conciertos con los responsables del Ministerio de Transportes». Concretamente, exponen que ese grupo, «aprovecha la situación de emergencia derivada de la pandemia por el COVID, en aspectos relacionados con la adquisición, por vía de urgencia y emergencia, de material sanitario».

El Supremo recuerda que los contratos se adjudicaron a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, «sin dar opción a que fueran presentados otras ofertas…, ya que fue la designada desde la más alta instancia del Ministerio». Es decir, que los contratos se entregaban a dedo a esa sociedad, aunque hubiera otras ofertas más favorables de parte de otras empresas.

«Esa actuación tuvo una compensación económica», asegura el Alto Tribunal. Y señala que la prebenda que ofreció la trama a Ábalos fue el «disfrute de una vivienda en la urbanización La Alcaidesa, en Cádiz». El Supremo hace alusión a la exposición razonada del juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional y recuerda que «existen múltiples evidencias, al menos hasta octubre de 2021, que conformaría el uso real de la misma» por parte del ex secretario de organización del PSOE. Y además, apuntan como otra prueba que surgieran «problemas» cuando «el aforado fue cesado en el ministerio».

Por otro lado, desde el Supremo señalan los «pagos correspondientes al contrato de alquiler en un apartamento» en el que estaba viviendo «una persona, Jessica Rodríguez, con la que el aforado se encontraba, al parecer, relacionado». Y recuerda que ella «trabajaba por cuenta ajena en empresas públicas dependientes del ministerio y había formado parte del grupo de personas que acompañaron al ministro en viajes oficiales».

«En interés y beneficio» de Ábalos

El Supremo considera, después de examinar los mensajes de WhatsApp entre los miembros de la trama, que podrían haberse hecho esos pagos «por cuenta de la organización en interés y beneficio del aforado ante esta Sala», es decir, de Ábalos.

«Los hechos descritos, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, pudieran ser constitutivos, de acuerdo con la exposición razonada, de un delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, de cohecho y de malversación», concluye el auto del Alto Tribunal. El ponente de este escrito ha sido el magistrado Andrés Martínez Arrieta.

Por tanto, considera que es «imprescindible» investigar a Ábalos sobre los hechos y «la participación en ellos de la persona aforada». Para eso, se ha nombrado a un juez instructor que será el encargado de la «investigación de los hechos de los que, indiciariamente, pudiera ser responsable el aforado y respecto de aquellas personas que por necesidades de la instrucción» no pudieran diferenciarse de la investigación de Ábalos. El resto continuarán en los tribunales que fueran competentes.