Solicitan al Supremo la nulidad de la sentencia de exhumación de Franco por invadir competencias

El abogado Francisco Zaragoza, que paralizó en su día la exhumación de Francisco Franco por el riesgo en las obras, ha presentado dos escritos ante el Supremo para solicitar la nulidad de la sentencia del Alto Tribunal, alegando que, al considerar éste en su sentencia que no hace falta licencia urbanística municipal, invade las competencias judiciales de una instancia diferente.

Según alega, el Supremo estaría inmiscuyéndose en una responsabilidad que es «única y exclusiva» del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, «competente para resolver en única o primera instancia los recursos contra actos de las entidades locales».

«Está claro que la licencia urbanística concedida por San Lorenzo del Escorial es un acto cuya legalidad o cuya necesidad (o no) ha de ser resuelta por el Juzgado Contencioso-Administrativo y no por el Supremo», señala.

Asimismo, indica que el tribunal «antes de resolver, debería de haber dado traslado tanto al resto de instancias, como a todas las partes personadas, para que pudieran alegar en consecuencia defendiendo sus derechos».  «Además de notificar debería haber sido publicado en el Boletín Oficial, lo que tampoco se ha hecho», añade.

En su momento, el juez José Yusty paralizó cautelarmente la licencia del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que avalaba la exhumación. El magistrado, responsable del juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, debe pronunciarse aún sobre el proceso abierto en su juzgado.

Conflicto de competencias

«Si la sentencia del Tribunal Supremo se hace pública antes de que yo emita mi veredicto, entonces tendré que leerla varias veces con detenimiento para determinar si hay algo en la misma que afecte a mi procedimiento antes de tomar cualquier posición», declaraba en exclusiva el juez Yusty a OKDIARIO.

Pendiente de decidir, tras haber escuchado nuevamente a la partes personadas en la causa contencioso-administrativa que instruye, si se inhibe en favor del Supremo -como instancia judicial superior- o entiende que no debe hacerlo porque pese a la jerarquía orgánica las competencias que se ha atribuido el Alto Tribunal en materia urbanística exceden su cometido concreto y el objeto del procedimiento de casación.

Fuentes próximas al magistrado confirman que desde que es titular del Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid nunca se había producido una situación similar. Nunca antes el juzgado había tenido que decidir sobre si pronunciarse sobre una causa que ya hubiera recibido una opinión previa de un órgano judicial distinto.

Por otra parte, señalan las mismas fuentes, cabe la duda razonable de la legalidad ya que por el momento y a pesar de que la sentencia del Supremo salva el escollo urbanístico al Gobierno, la realidad es que sólo resuelve, formalmente, el recurso de la familia. Algo que ahora plantea de facto el nuevo recurso de nulidad instado en el Supremo que, todavía, está pendiente de resolver los otros recursos interpuestos contra el acuerdo de exhumación y sobre los que se mantiene la suspensión cautelar decretada el pasado mes de junio por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.