El juez del que depende la licencia para sacar a Franco: «Quisieron apartarme por motivos ideológicos”

El juez José Yusty Bastarreche se licenció en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, en 1976, donde ejerce como profesor desde el año 1986. Miembro del Cuerpo de Secretarios Judiciales en 1981, es magistrado titular del contencioso-administrativo número 3, desde 1992. Pese a su carácter discreto y riguroso, desde el pasado mes de febrero y muy a su pesar, se ha convertido en protagonista involuntario de la exhumación de Franco.

Es el magistrado responsable de decidir sobre la legalidad del preceptivo permiso municipal que el Gobierno necesita para actuar en la tumba de Franco y garantizar que las obras a desarrollar se hagan con todas las garantías de seguridad -no sólo para los operarios encargados de la apertura y cierre del nicho- sino para los futuros visitantes y usuarios de la Basílica de Cuelgamuros, una vez retirada la losa actual.

PREGUNTA: Le han acusado de no ser imparcial para resolver esta causa…

RESPUESTA: Han intentado apartarme por motivos ideológicos. Por un artículo que escribí hace nada menos que 12 años en ejercicio de mi libertad de expresión. [Se refiere Yusty a un análisis publicado bajo el título ‘Ante el proyecto de Ley de Memoria Histórica, en la revista de historia contemporánea ‘Aportes’, en 1996]

Yo nunca me he manifestado en contra de la exhumación. Sí de la Ley de Memoria Histórica que la autoriza porque es una norma innecesaria que reabre cuestiones que hace mucho tiempo que estaban finiquitadas.

Por si fuera poco, se me ha afeado el hecho de que sea firmante del manifiesto ‘Libres e Iguales’ -que han suscrito intelectuales como Fernando Savater, políticos como Nicolás Redondo y Joaquín Leguina, o cineastas como José Luis Garci- donde se defienden ambos principios constitucionales y donde se recoge el compromiso de miembros de todos los ámbitos de la sociedad civil con el cumplimiento de la ley. No entiendo entonces si es que el Gobierno preferiría que me inclinase porque los españoles seamos cautivos y desiguales…

P: Hasta el punto se le ha cuestionado en sus opiniones que la Abogacía del Estado solicitó formalmente su recusación. ¿No pueden los magistrados tener opiniones personales? 

R: Cualquier ciudadano debe poder opinar con total libertad. Esto es lo que prevé nuestra Constitución. En mi caso se han querido relacionar cuestiones que no tienen nada que ver para dar una imagen desvirtuada de mi labor como juez.

Hay algo que, además, me gustaría dejar muy claro y es que ni mi padre, ni mucho menos mi abuelo, tienen nada que ver en toda esta causa. [Se refiere el magistrado, sin decirlo expresamente, a su padre, el almirante de la Armada Española José Yusti Pita (1909-1986), a quien una cierta hemeroteca ha querido relacionarle con episodios oscuros del régimen franquista. Además, en Cartagena se retiró un busto con la imagen de su abuelo, en 2016, y se rebautizó una plaza dedicada a su nombre (2017), en aplicación de la Memoria Histórica]

P: Sin embargo, su recusación no fue admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ¿cómo se ha sentido?

R: Es la primera vez en mi vida que plantean mi recusación. Nunca antes me había pasado. Así que imagínese. El TSJM decidió que debía continuar conociendo de la causa. Pero, también condenó en costas a la Abogacía del Estado. Y esto sólo responde a una realidad y es que no existe ningún motivo objetivo por el que yo no pueda dictar sentencia, ajustada a Derecho, en la cuestión de la licencia urbanística de exhumación de Franco. No incumplo ni uno solo de los requisitos profesionales que la ley me exige para hacerlo.

P: ¿Cómo afectará a su decisión el hecho de que el Supremo haya avalado al Gobierno en la exhumación?

R: Más allá de los titulares periodísticos y de las lecturas políticas, desde un punto de vista judicial se trata de dos procedimientos distintos e independientes, aunque se refieran a la misma persona.

Lo cierto es que yo he seguido, una vez resuelto el incidente de mi recusación -que es la única razón por la que hemos llegado hasta aquí alargando innecesariamente los tiempos- con los trámites ordinarios establecidos para un contencioso-administrativo ordinario.

Si la sentencia del Tribunal Supremo, sobre la que todo el mundo opina pero que nadie conoce, se hace pública antes de que yo emita mi veredicto, entonces tendré que leerla varias veces con detenimiento para determinar si hay algo en la misma que afecte a mi procedimiento.

P: ¿Podría entonces usted tener que inhibirse en favor del Supremo?

R: Como le digo cualquier valoración sobre lo que el Supremo pueda decir en su texto es puramente opinativa. Y mi obligación, como juez, es conocer las resoluciones reales de otros órganos y respetar las mismas.

Si la Sala Tercera incluyese alguna referencia expresa a las obras necesarias para retirar los restos de Franco de su actual ubicación, habrá que ver en qué términos lo hace: si las califica de mayores o menores, si lo hace entrando en el fondo del asunto o como parte de un somero razonamiento jurídico…