Los socios separatistas de Sánchez le exigen un plan para frenar «actitudes catalanófobas» en el deporte

ERC exige al Gobierno que desarrolle un plan contra las «actitudes catalanófobas» en el mundo del deporte. En una Proposición no de Ley, los del partido de Oriol Junqueras exigen ahora a Pedro Sánchez que tome medidas para erradicar estos comportamientos como parte de la lucha contra discursos de odio. Una petición más de los independentistas que se suma a la larga lista de exigencias al Gobierno, que abarcan desde la amnistía hasta el cupo catalán.

Los independentistas aseguran que la «catalanofobia» es un fenómeno en auge que afecta, principalmente, al ámbito del deporte. Desde ERC se remiten al partido del Club Gimnàstic de Tarragona contra el Málaga Club de Fútbol del pasado 22 de junio de 2024, donde, según la formación de Junqueras, el árbitro del encuentro manifestó «expresiones catalanófobas».

El resultado del partido fue de empate a 2 goles, permitiendo al Málaga ascender a Segunda División tras ganar el partido anterior de la eliminatoria «En paralelo a este ascenso, dicho árbitro fue también promocionado como colegiado de la categoría de Segunda División. Tras encargar una investigación, el club Gimnàstic de Tarragona se ha querellado contra el colegiado por falsedad documental en la redacción del acta del partido.

El acta arbitral relataba una serie de insultos y amenazas de muerte al colegiado», expone la formación de Junqueras que asegura que «el arbitraje supuestamente discriminó al Gimnàstic durante el transcurso del propio partido» alegando ese sesgo catalanófobo, que justifica ahora la nueva exigencia de los independentistas al Gobierno de Sánchez.

«Lamentablemente, este es un ejemplo más de los discursos de odio en el mundo del deporte dirigidos contra jugadores, entrenadores o directivos de clubes catalanes. Desde los insultos recibidos por Aitana Bonmatí tras hablar en catalán durante la gala del Balón de Oro de 2024 a las protestas contra periodistas por usar esta lengua en la rueda de prensa posterior al Extremadura UD-Girona FC en 2019, la lista de casos es larga y sobradamente conocida», reza la propuesta de ERC.

Por ello, exigen al Gobierno de Sánchez que tome medidas para poner fin a lo que ellos denominan «actitudes catalanófobas». «Crear una estrategia específica para erradicar las actitudes catalanófobas en los eventos deportivos como parte de la lucha contra discursos de odio», exigen.

Las cesiones al independentismo

No es la primera exigencia de ERC que ha sido congraciada con numerosas cesiones por parte del Gobierno por su apoyo a Sánchez. El texto del acuerdo para la investidura entre PSOE y ERC incluía, además de la amnistía y la condonación de 15.000 millones, una serie de traspasos de competencias y refuerzo de financiación en materias diversas, como los Mossos d’Escuadra, la investigación, becas, cesión de inmuebles del Estado o los centros penitenciarios. A cambio de ese voto afirmativo, el Gobierno se comprometió a que el Estado ceda a Cataluña las siguientes cuestiones:

• Amnistía: «Culminar la desjudicialización a través de la aprobación de una la ley de amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para afrontar un diálogo y una negociación en unas condiciones óptimas y equilibradas con las que abordar los retos del futuro inmediato».
• Mesa de Diálogo: «Ratificar e impulsar el diálogo institucional entre gobiernos sobre el futuro político de Cataluña mediante el diálogo político e institucional a través la Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdo».
• Ferrocarril: «Culminar y ampliar el traspaso integral de la Administración General del Estado a la Generalitat de Cataluña, a lo largo de la presente legislatura, del servicio de transporte ferroviario de Rodalies de Cataluña».
• Deuda de Renfe: «Traspasar, durante el año 2024, los recursos económicos necesarios asociados al déficit en el que incurre Renfe del año 2023».
• Deuda del FLA: «Con el fin de sanear la situación financiera de la Generalitat y facilitar su vuelta a la financiación en los mercados de deuda, se procederá a tramitar una modificación legal de alcance general para todas las Comunidades Autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este. Esta operación supondrá la asunción del entorno del 20% de la deuda viva en el momento de ejecución de este acuerdo, contraída por la Generalitat de Cataluña con la Administración General del Estado en los mecanismos de liquidez estatales, y supondrá unos 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña».
• Sobre Mossos: «El Gobierno se compromete a transferir anualmente, al objeto de que Cataluña ejerza competencias transferidas no homogéneas vinculadas a la seguridad ciudadana, desde 2024 y hasta 2030″.
• Cárceles: «Por lo que respecta a la financiación ordinaria de la ejecución penal, es necesario adecuar la financiación estatal a su coste real teniendo en cuenta los impactos normativos aprobados desde entonces, a este efecto, en el primer semestre de 2024».
• Investigación: «Para el pleno desarrollo de la competencia en materia de investigación científica y técnica, en los términos recogidos en el Estatuto de Autonomía, la Administración General del Estado consignará en los PGE y transferirá anualmente a la Generalitat la parte correspondiente al Estado sobre proyectos estratégicos cuya cuantía no será inferior a 150 millones de euros».
• Becas: «Aceptar las valoraciones contenidas en las observaciones realizadas por la Generalitat de Cataluña a la propuesta de coste efectivo del traspaso en materia de becas y ayudas al estudio de la administración general del estado en fecha 2/10/2023. Lo que supondría un coste total en el entorno de los 2 millones de euros».
• Cesión de inmuebles del Estado: «Se constituirá una comisión entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat de Cataluña con el objetivo de estudiar la situación de los inmuebles titularidad del Estado y a desarrollar un trabajo conjunto de optimización de su parque inmobiliario, entre las dos administraciones, para ponerlo al servicio de las políticas públicas y actividades de la Generalitat, siempre en el marco de la mejora del interés general y el mejor servicio público».
• Seguimiento: «Al objeto de hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente documento, con carácter anual se reunirá una comisión de seguimiento que compruebe su grado de incidencia sobre la situación económica y financiera de la Generalitat y vele por la consecución de los objetivos contemplados en este acuerdo».