Los sindicatos policiales estallan contra Sánchez: «La violencia va a más y el PSOE mira para otro lado»

Los sindicatos policiales estallan contra Pedro Sánchez y el desamparo gubernamental que han sufrido durante la legislatura. Lamentan que la violencia que sufren los agentes a pie de calle va en aumento mientras el Ejecutivo no sólo no ha tomado ninguna medida para dotarles de mayor protección, tanto jurídica como legal, sino que no se plantea incluir a la Policía Nacional y la Guardia Civil en el listado de profesiones de riesgo. Un compromiso que, junto a la equiparación salarial, sí asumió el PP de Feijóo durante la campaña electoral del 23J. La airada reacción de las agrupaciones policiales llega después de que un informe haya demostrado que la violencia contra la Policía le cuesta más de 400 millones de euros al Estado.

Jucil, la Asociación Profesional de la Guardia Civil integrada en Jusapol, ha lamentado la indiferencia que el PSOE, el partido mayoritario al frente del Gobierno ahora en funciones, ha demostrado ante el auge de la violencia contra las Fuerzas de Seguridad. «Las situaciones de violencia enfrentadas por los agentes de Policía y Guardia Civil en 2021 es de 417.154.281 millones de euros. Mientras el PSOE sigue sin considerar su profesión de riesgo», lamentan desde Jucil.

En la misma línea se ha mostrado Jusapol, una de las asociaciones mayoritarias que aglutina la representación de policías nacionales y de guardias civiles de todas sus escalas y categorías. Su nombre es un acrónimo de las palabras Justicia Salarial Policial, su mayor reivindicación, también desatendida por el Gobierno de Sánchez. En sus redes sociales han denunciado el inédito incremento de la violencia en España. «Las agresiones crecen exponencialmente en los últimos años y la profesión sigue sin ser declarada de riesgo», lamentan desde la asociación.

La Unión de Guardias Civiles se ha sumado a esta dura crítica contra la situación de inseguridad que atraviesa España y que se ha incrementado durante los últimos años. «La violencia hacia los agentes de Policía y Guardia Civil en España genera cientos de millones de euros en costes directos al Estado que podrían ser esclarecidos y detallados aún más por nuestros organismos estatales», recogen en su mensaje reivindicativo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha comunicado su descontento y malestar con la situación actual.

Profesión de riesgo

Legalmente, se consideran profesiones de alto riesgo aquellas que suponen un peligro evidente para la salud de quienes los desempeñan. El concepto de riesgo afecta a la salud física y mental de los trabajadores, que en ocasiones llegan a poner en juego su vida. El Estado prevé una serie de medidas para regular estas profesiones con el fin de dotar de mayor seguridad a los profesionales que acometen estas tareas.

En España, los toreros, las azafatas de vuelo, los mineros e, incluso, la policía local se consideran profesiones de riesgo. Los agentes municipales lograron este rango a través de una PNL que el PP llevó al Congreso en 2020 y que contó con los votos favorables de los populares, el PSOE, Vox, Podemos y Cs. ERC se abstuvo. De esta manera, los policías locales ya reciben prestaciones más altas y medidas acordes a la peligrosidad del puesto.

Una de esas medidas pasa por conceder una jubilación más temprana que al resto de profesionales. Algo lógico tras valorar el desgaste físico que implican los trabajos de riesgo. De media, cesan su actividad entre los 55 y los 58 años, algo que hace que la pensión sea inferior a la de los profesionales de otros empleos. Desde la AUGC, y en este sentido, consideran que «no se puede permitir que los guardias civiles se retiren con una pensión que no refleja los riesgos que han asumido durante su carrera profesional. Necesitamos que se establezcan índices correctores adecuados para una jubilación digna y que la Administración tenga en cuenta los riesgos que asumen a diario los guardias civiles», añaden.

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo anunció durante la campaña del 23J que asumía el compromiso de conceder a la Policía Nacional y la Guardia Civil la categoría de profesión de riesgo. Además, los populares confirmaron su intención de aprobar una equiparación salarial de las fuerzas de seguridad nacionales respecto a las policías autonómicas. El PSOE, por su parte, ha continuado sin posicionarse de manera favorable sobre esta cuestión. Algo que, sumado al incesante incremento de los ataques hacia los agentes, ha irritado a las asociaciones y a los sindicatos profesionales, quienes consideran que el Gobierno, y en concreto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han «abandonado a su suerte» a los agentes.

400 millones

Los sindicatos y las asociaciones policiales han reaccionado a la publicación de un estudio multidisciplinar liderado por Luis A. García Segura, profesor de la Universidad de Nebrija y doctor en Derecho. El trabajo concluye que los costes generados por las situaciones de violencia enfrentadas por los agentes de Policía y Guardia Civil cuestan a los españoles 417.154.281 millones de euros anuales. Esta cifra queda desglosada en tres categorías: 28.066.569 millones en lo que respecta al daño físico a los agentes; 41.138.112, en administración de justicia; y -la partida más importante- 347.949.600, en investigaciones policiales.

Tal y como recoge el propio estudio, cada vez que un agente de policía sufre un ataque, el Estado pone en marcha un complejo mecanismo para paliarlo. Este protocolo, tan necesario como costoso, cada vez se activa en más ocasiones puesto que los ataques hacia los agentes están en alza. «Se desencadena una serie de eventos y acciones en donde la administración pública española, en sus diferentes niveles, tiene que intervenir. Esta intervención, dependiendo de la gravedad de los hechos, puede llegar a durar horas, días, meses o años, generando un coste económico hasta ahora desconocido a las arcas públicas», detalla el estudio liderado por García Segura.