El separatismo catalán polariza la campaña y amenaza con bloquear la próxima legislatura
Las elecciones del 28-A fueron convocadas después de que el separatismo cortocircuitara los Presupuestos de Pedro Sánchez, la cuestión catalana polariza ahora la campaña electoral y, a la vista del enconado debate que suscita, la búsqueda de una solución va a condicionar la próxima legislatura.
En los últimos diez meses, las fuerzas independentistas en el Congreso han sido claves, primero para aupar a Pedro Sánchez a La Moncloa y, ya en febrero, para tumbar sus cuentas y precipitar unas nuevas elecciones generales, tras fracasar las negociaciones para impulsar una mesa de diálogo sobre Cataluña.
El objetivo de JxCat y ERC en estos comicios es sumar de nuevo suficientes escaños para intentar forzar a los partidos de ámbito estatal a atender sus reivindicaciones. Si consiguen ser decisivos el 28-A, el precio que pondrán para investir otra vez a Sánchez será más elevado que cuando votaron su moción de censura.
Sin un compromiso explícito para abrir un diálogo que no excluya el derecho a la autodeterminación, los independentistas pueden hacer valer su fuerza para intentar bloquear la legislatura, si bien voces internas defienden que, si es necesario, habrá que rebajar el listón de condiciones a Sánchez para evitar un Gobierno más escorado a la derecha.
Aunque JxCat, ERC y Front Republicà -una coalición soberanista de la que forma parte una organización vinculada a la CUP- no tuvieran la llave de la investidura, todo apunta a que este mandato va a estar marcado, una vez más, por el debate soberanista. Cataluña ha centrado gran parte de los mensajes de los partidos en liza, con dos propuestas antagónicas que polarizan la discusión: mientras las formaciones independentistas, los comunes y Podemos defienden la celebración de un referéndum de autodeterminación, el PP de Pablo Casado y Ciudadanos de Albert Rivera han abierto la puerta a una nueva aplicación, más intensa y prolongada, del artículo 155 de la Constitución.
Un lenguaje aún más vehemente utiliza VOX, que focaliza en buena medida su discurso en reivindicar a toda costa la unidad nacional amenazada, a su juicio, por los que califica de «enemigos de España». Los socialistas, mientras tanto, rechazan tanto el referéndum soberanista como las drásticas medidas que propugna la derecha y recetan diálogo dentro de la ley, con el fin de encontrar un mejor encaje para Cataluña dentro de España.
Gobierno y Generalitat intentaron poner en marcha este diálogo sobre Cataluña en los últimos meses, pero el terremoto político provocado por la posibilidad de activar una mesa de partidos arbitrada por un «relator» acabó frustrando las negociaciones. Precisamente uno de los principales ejes de campaña de PP y Ciudadanos consiste en acusar a Sánchez de planear un nuevo pacto de investidura con Podemos y los independentistas a cambio de habilitar un referéndum, un intercambio que el PSOE y también el PSC -Miquel Iceta ha sido explícito en este sentido, para disipar las dudas que habían generado algunas de sus declaraciones- insisten en descartar.
En paralelo a la disputa electoral, se sigue celebrando en el Tribunal Supremo el juicio del ‘procés’, en cuyo banquillo de los acusados se sientan cuatro candidatos al Congreso, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull (JxCat) y Oriol Junqueras (ERC), y uno al Senado, Raül Romeva (ERC). La sentencia del juicio, que probablemente llegará después del verano, condicionará las decisiones del Govern de Quim Torra y, en consecuencia, marcará la agenda del próximo Ejecutivo central.
Una eventual sentencia condenatoria podría provocar un adelanto electoral en Cataluña o motivar una aceleración independentista que conduciría, probablemente, a un nuevo choque institucional. La gestión del conflicto catalán está en juego en las generales del 28 de abril, las primeras tras los acontecimientos del 1-O.
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