Sánchez volvió a mentir: de negarse a modificar la Ley de Amnistía a cerrarla a gusto de Puigdemont

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a cambiar de opinión sobre la Ley de Amnistía. El líder socialista ha admitido este miércoles que cederá ante las exigencias de Junts en la redacción de la medida de gracia para dar más garantías a los independentistas de que todos serán amnistiados. Todo ello cuando hace apenas unas semanas negaba rotundamente cambios en la norma porque era «un buen texto».

El jefe del Ejecutivo ha expresado este miércoles que está abierto a modificar la redacción de la Ley de Amnistía para asegurar el apoyo de la formación de Carles Puigdemont. Este jueves, en la Comisión de Justicia, los socialistas deben cerrar la forma final con la que la norma debe afrontar la votación en el Congreso.

Esa modificación incluiría más garantías para que los independentistas tengan la seguridad de que todos los secesionistas serán amnistiados. Sánchez defendía que, en todo caso, la eliminación de los delitos se produciría con el redactado que había hasta ahora, pero los independentistas recelaban.

«Eso ya dijimos que no»

Hace apenas unas semanas, el presidente del Gobierno negó que fueran a cambiar la redacción de la norma: «Eso ya dijimos que no, no es nuestra intención, que es un buen texto». Sánchez defendió la redacción que había hasta ahora en una entrevista en La Sexta diciendo que «tenemos que ser rigurosos, escrupulosos en el cumplimiento de la constitucionalidad de la norma y su alineación con el derecho europeo»

La parte que más dudas generaba a los secesionistas era la relativa la aplicación de la amnistía en los condenados por delitos de terrorismo. En este aspecto, la ley rezaba que se eliminarían esos delitos cuando se cometieran «de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario».

Con esta medida, PSOE y Junts pretendían blindar a la veintena de investigados por un presunto delito de terrorismo en relación con los disturbios que fueron alentados por los Comités de Defensa de la República (CDR) y Tsunami. Entre ellos está Puigdemont, la dirigente de ERC Marta Rovira y el parlamentario republicano Ruben Wagensberg.

Los independentistas habían mostrado su rechazo al texto actual después de que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, considerara que los daños que los investigados habían producido eran «incompatibles con los derechos humanos».

«Es por ello que no puede minimizarse esta acción ni el resultado grave que ocasionó, incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución española, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y del que podrían ser partícipes los investigados», argumentó el magistrado en un auto en enero.

«Está claro que el resultado de esta acción fueron unas lesiones muy graves, un resultado lesivo que la instrucción debe indagar si resulta objetivamente imputable a la acción de Tsunami Democràtic y sus organizadores», matizó en todo caso García-Castellón.

Una ley «impecable y constitucional»

Pedro Sánchez no es el único miembro del Gobierno que ha cambiado de opinión sobre la Ley de Amnistía. El ministro de la Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El político socialista defendió que la ley era «impecable, constitucional y conforme al derecho europeo». Ante las preguntas de la prensa sobre si había «plan B» ante un hipotético rechazo de la norma, el dirigente incidió en que era «absolutamente impecable».

Este miércoles, Bolaños ha afirmado que la negociación está «en la recta final» en la que se ha acabado dando cabida a las exigencias de los independentistas. En todo caso, se aprobará «con mucho rigor para que la ley de amnistía sirva para el propósito que es la reconciliación y, por supuesto, que se ajuste escrupulosamente a los mejores estándares europeos e internacionales como los de la Comisión de Venecia».