Sánchez usará la fiscalía de Delgado para disolver asociaciones como la fundación Franco

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 07/10/2024 06:48
  • Actualizado: 07/10/2024 08:52

El Gobierno de Pedro Sánchez usará la fiscalía de la ex ministra Dolores Delgado para instar a los jueces a que disuelvan asociaciones como la fundación Francisco Franco. Así aparece en la letra pequeña de la proposición de ley orgánica que el PSOE defenderá el martes en el Pleno del Congreso de los Diputados, iniciando así su tramitación parlamentaria con la toma en consideración. Se trata de otra utilización torticera del Ministerio Público con intereses partidistas.

En concreto, según el texto de la proposición de ley orgánica del Grupo Socialista para modificar la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, «corresponderá al Ministerio Fiscal el ejercicio de la acción en este tipo de procesos». Esta cuestión aparece recogida en la nueva redacción de la «disposición adicional quinta», relativa la «disolución de asociaciones».

Se da la circunstancia de que es Dolores Delgado, ex ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez y ex fiscal general del Estado, quien se encuentra al frente de la fiscalía de Memoria Democrática. De este modo, ostenta desde junio de 2023 el cargo de fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Tras este polémico nombramiento, la fiscalía dirigida por Delgado ya instó a los jueces a admitir a trámite querellas de represaliados del franquismo, como en un caso de supuestas torturas o lesiones que han prescrito y que están afectadas por la Ley de Amnistía de 1977. De ahí que el juez finalmente acordara el archivo.

Ahora, la fiscalía de Delgado tendrá también entre sus cometidos dar instrucciones al representante del turno del Ministerio Público para disolver asociaciones como la fundación Francisco Franco. En la exposición de motivos de la proposición de ley del PSOE se dice que «las asociaciones, como actores destacados de la sociedad civil organizada, no pueden ser ajenas a los procesos memorialistas», con base a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

De esta manera, con la vista puesta en la Fundación Francisco Franco, los socialistas justifican esta reforma de la ley del derecho de asociación para «establecer como causa legal de disolución de las asociaciones la consistente en realizar actuaciones públicas que supongan apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas, o inciten directa o indirectamente al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que fue mano derecha de Dolores Delgado cuando ella estuvo al frente del Ministerio Público, mantuvo el pasado julio a su antecesora en el puesto de fiscal de Sala de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática pese a que el Tribunal Supremo anuló dicho nombramiento de 2023. La Sala del Alto Tribunal ordenó que se volviera a votar la plaza en el Consejo Fiscal, donde por una minoría de cinco vocales, Delgado consiguió revalidar su cargo. Los otros siete vocales críticos con el nombramiento se negaron a ejercer su derecho a voto y  reclamaron más información sobre la incompatibilidad de Delgado. Tres de ellos fueron recusados por la propia ex ministra, que trató de apartarles de la votación para equilibrar las votaciones.

Como ministra de Justicia (2018-2020), Dolores Delegado creó la Dirección General de Memoria Histórica; preparó el Anteproyecto de Ley para la modificación de la Jurisdicción Universal; participó en la confección de un censo de víctimas de la guerra civil y la dictadura, así como en la reactivación de los procedimientos de declaración y reparación de víctimas y dirigió el expediente para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco. En este proceso, asistió, como notaria mayor del Reino, a los actos de exhumación y reinhumación de los restos del dictador en el Valle de los Caídos y el cementerio de Mingorrubio. Asimismo, ha impulsado numerosos actos de homenaje al exilio republicano.

Despolitización

Cabe también recordar que el acuerdo alcanzado por PP y PSOE el pasado junio para renovar el Poder Judicial (CGPJ) incluyó la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para su despolitización. De este modo, se evitarán nuevos casos como el de Dolores Delgado, que asumió la máxima responsabilidad del Ministerio Público tras haber sido ministra de Justicia con el PSOE.

El nuevo texto normativo dice lo siguiente: «El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. No podrá ser propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido nombrado titular de un ministerio o de una secretaría de Estado, de una consejería de un gobierno autonómico o de una alcaldía, o haya tenido la condición de eurodiputado, diputado o senador, o miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma».