Sánchez también tirará de decreto para derogar la ley de seguridad ciudadana en septiembre

Pedro Sánchez abordará en septiembre la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que la izquierda política tildó como ‘ley mordaza’, con un nuevo decreto. La actividad del Ejecutivo socialista en materia legislativa vía mecanismo unilateral no cesa y el Gobierno se ha propuesto acelerar el proceso para cumplir el compromiso «urgente» adquirido por Sánchez, tras su llegada a Moncloa, y que actualmente se encuentra paralizado en la Comisión de Interior del Congreso.

La Cámara Baja tramitó -en las semanas previas al cese estival de su actividad ordinaria- dos iniciativas sobre la materia. La primera, a propuesta del PNV, planteaba una modificación de la legislación vigente, al hilo de lo exigido por los socios nacionalistas vascos en materia de abusos policiales y cristalizó en la retirada de Sánchez del recurso de inconstitucionalidad planteado por el anterior Gobierno contra la Ley vasca de víctimas de abusos policiales. La segunda, presentada por el propio Grupo Socialista, apelaba a la eliminación íntegra de la ley actual.

Pese a que en ambos casos ya han finalizado los plazos para la presentación de enmiendas y los trabajos técnicos necesarios para la redacción de la ponencia final, la intención de Sánchez es que los resultados sirvan para redactar, íntegra y unilateralmente, una nueva norma formulada vía Decreto Ley que el Gobierno presentará para su ratificación en el Congreso en las primeras semanas de septiembre.

El pacto con Ciudadanos

Ya en febrero de 2016, cuando Pedro Sánchez aspiraba a ocupar la presidencia del Gobierno gracias al pacto de investidura alcanzado con la formación de Albert Rivera, PSOE y Ciudadanos recogieron en un documento escrito de 66 páginas la necesidad de actuar sobre algunas leyes del Partido Popular.

Sánchez explicaba entonces, en relación a la conocida como ‘ley mordaza’, que estaban satisfechos de poder derogarla, aunque en el texto mencionado se señalaba expresamente que el acuerdo consistía en una reforma parcial y no total.

En concreto reflejaba que en lo relativo a ‘derechos y libertades’ que “se reformará la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para revisar los preceptos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional y aquellos otros que reconocen facultades excesivas de intervención por las fuerzas de seguridad, sustituyen el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia para tales intervenciones o los que atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales: restricciones del tránsito y controles en las vías públicas y comprobaciones y registros en lugares públicos”.