Sánchez regala a Marruecos cinco millones para potabilizar agua mientras le niega lo mismo a Murcia

El Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto el grifo de ayudas a Marruecos tras certificar la nueva etapa de amistad con Rabat en la reunión gubernamental del pasado mes de febrero. La misma en la que no fue recibido por el rey Mohamed VI, pero de la que la volvió la comitiva española con cerca de 25 acuerdos y planes de actuación. Entre ellos, la ayuda a Marruecos para mejorar la calidad de sus acuíferos, ahora materializada en el Consejo de Ministros en forma de cinco millones de euros en ayudas para construir dos plantas de tratamiento de aguas por osmosis inversa. Mientras, la Región de Murcia sigue reclamando al Gobierno central una solución para su sequía, agravada por la decisión del Ejecutivo de eliminar el tope al precio del agua desalada. Además, Moncloa ha decidido recortar al 50% el trasvase Tajo-Segura.

En el Gobierno murciano no daban crédito a la noticia: España, por decisión del Consejo de Ministros, financiará la construcción de dos plantas potabilizadoras de agua en las localidades marroquíes de Zag y Moulay Brahim. Además, España se hará cargo durante cinco años de los costes de su mantenimiento.

Se trata de dos instalaciones que operan con el sistema de ósmosis inversa, que pueden convertir en agua potable aquellas aguas con alto contenido en sal. Según ha asegurado el Gobierno, se trata de una iniciativa «de importancia estratégica» para las relaciones bilaterales entre ambos países, cuyas bases quedaron sentadas en la reunión de alto nivel (RAN) que se celebró en Rabat los pasados 1 y 2 de febrero. Una cita de la que el Gobierno volvió sin una declaración sobre Ceuta y Melilla, más allá de una mención genérica a intentar «evitar» aquellos asuntos que molesten a la otra parte. Apenas dos meses después, el presidente del Senado marroquí puso sobre la mesa, de nuevo, la opción de recuperar «sin armas» Ceuta y Melilla.

Murcia sin agua

La ayuda a Marruecos contrasta con algunas de las últimas decisiones que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez respecto a los planes de la cuenca del Tajo. Un nuevo enfoque del Ejecutivo central que supone rebajar al 50% el agua procedente del trasvase con destino al Segura.

El Gobierno murciano autorizó hace semanas el recurso que va a presentar ante el Tribunal Supremo en contra de esta decisión, que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, calificó de «sectaria e ideológica», sin ningún «fundamento técnico ni científico» y provocando un perjuicio a todo el levante español.

La sequía que sufre la Región de Murcia, así como los problemas del agua en la región del Mar Menor, llevan años convirtiendo el tema del agua en asunto urgente y prioritario para el Gobierno murciano, que reclama al Ejecutivo central una serie de compromisos y actuaciones que no terminan de llegar.

Una de esas soluciones pasa por mejorar el acceso al agua desalada para consumo humano y para regantes. Agua que se obtiene, precisamente, con plantas de osmosis inversa como las que España va a financiar en Marruecos. Sin embargo, el Gobierno decidió en 2022 eliminar el precio límite del agua desalada, establecido en 30 céntimos en la Ley 1/2018, y elevarlo por encima de los 40 céntimos.