Sánchez ofrece a Casado repartirse el CGPJ tras el ‘no’ del PP a Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que retira la reforma del Consejo General del Poder Judicial, impulsada por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos, y criticada por la Unión Europea por la politización de la justicia, con el único fin de ganarse el apoyo del Partido Popular durante la renovación de los órganos. Al acabar el pleno, Adriana Lastra ha matizado a la prensa que «no era una retirada», sino una congelación de la propuesta para tratar de negociar con el PP.

Antes de finalizar el debate de la moción de censura, Sánchez ha pedido la palabra para decir, por sorpresa, que «vamos a detener el reloj de la renovación del Consejo General del Poder Judicial para llegar a un acuerdo con ustedes». En un mensaje dirigido al principal partido de la oposición, el PP, el líder socialista ha querido tener un gesto con Pablo Casado de cara a lograr la renovación de las principales instituciones del Estado.

Sánchez ha intervenido por segunda vez a lo largo de todo el debate para solicitar a Casado que apoye la propuesta del Ejecutivo con el fin de proceder a la renovación de las principales instituciones del Estado. El presidente ha hecho «un llamamiento a toda la cámara y en especial al partido que está bloqueando esa renovación de los órganos constitucionales», en referencia al PP, al que acusa de tal «bloqueo».

«En cuanto concluya esta votación, aquellos partidos que tenemos responsabilidad de Estado, sentémonos y renovemos los órganos constitucionales en beneficio de la ciudadanía», ha aseverado Pedro Sánchez dirigiéndose a la bancada popular. Una vez más el jefe del Ejecutivo ha repetido que «esta moción es la menos constructiva que nos podíamos imaginar».

El presidente del Gobierno, tras la intervención de todos los grupos parlamentarios y una vez finalizado el turno de su portavoz Adriana Lastra, ha solicitado de nuevo intervenir en el pleno como ya hizo este miércoles al comenzar el debate. El gesto ha cogido por sorpresa a la mayoría. La estrategia de Moncloa pasaba por la intervención de Sánchez ayer y de Pablo Iglesias hoy.

No a Podemos

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, acaba de reiterar por Twitter las condiciones del Partido Popular para abrir esas negociaciones. El PP sigue exigiendo «excluir a Podemos del proceso» y llama la atención sobre el hecho de que «Sánchez acusa la presión que hemos conseguido en la Unión Europea». E insiste: «Pero debe cumplir estas condiciones».

El Partido Popular a través de su grupo en el parlamento europeo lanzó una campaña en las instituciones de la Unión para denunciar la reforma unilateral y a la carta pretendida por el Gobierno de los órganos judiciales.

La moción de censura y la postura del PP ha dado al presidente Pedro Sánchez una vía de salida para el «atolladero», dicen fuentes del PP, en el que se había metido el Gobierno con el anuncio de la reforma unilateral de la Ley del Consejo General del Poder Judicial. «Se pasaron de frenada», dicen en el PP, «y estaban preocupados». «No esperaban la reacción de Europa», añaden. Fuentes socialistas confirman esta impresión de «preocupación» en sus filas.

Esta misma semana, en una reunión de los embajadores de la Unión Europea en Madrid con Pablo Iglesias, varios de ellos cambiaron el guión de la entrevista con el vicepresidente para sacar el asunto y expresar la preocupación en las cancillerías. En varios medios relevantes europeos se ha hablado estos días de la tendencia a la «latinización» del Gobierno español de PSOE y Podemos (en referencia a regímenes como el de Venezuela).

También desde fuentes próximas al equipo económico del Gobierno mostraban estos días esa «preocupación» por la «inoportunidad» del debate cuando «en Europa nos miran con lupa para concretar la entrega de las ayudas del Fondo de Reconstrucción». La sensación de España como un país donde la seguridad jurídica puede estar en peligro con una reforma arbitraria de la Justicia «afecta también a la confianza del inversor extranjero».

El anuncio de Sánchez coincide con la petición del Consejo de Europa que, hace unas horas, le pidió, cara a la reunión del día 26 donde iban a analizar la reforma del Gobierno, que «actualizara» la situación. El Gobierno podrá acudir contando esta congelación, que no retirada, de la reforma.

El Consejo de Europa se ha pronunciado  esta semana contra esa reforma unilateral de la Justicia pretendida por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), organismo dependiente suyo, Marin Mrcela, ha enviado una carta al Gobierno español en la que traslada que la reforma  «se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de los consejos judiciales y la elección de sus miembros y puede suponer una violación de las normas anticorrupción del Consejo de Europa».

En la misiva, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, se destaca que «los Consejos de la Judicatura, en los Estados miembros donde existan, están destinados a ser órganos independientes que buscan salvaguardar la independencia del Poder Judicial y de los jueces individuales, lo que, a su vez, es una condición sine qua non para una lucha eficaz contra la corrupción».

Por ello, señala Mrcela, las normas del Consejo de Europa «establecen que al menos la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial».

El organismo reitera que «ha subrayado reiteradamente que las autoridades políticas no deben participar, en ninguna etapa, en el proceso de selección del turno judicial».

El GRECO estudiará la reforma planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el pleno que se celebrará los próximos 26 a 30 de octubre. En la carta se recuerda que España «aún no ha implementado ninguna de las recomendaciones emitidas por el GRECO hace casi siete años» en su informe de evaluación sobre la situación de la judicatura. «La recomendación pedía una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial y de sus efectos sobre la independencia real, con el fin de subsanar las deficiencias identificadas», se apunta.

«El GRECO seguirá de cerca los desarrollos actuales. A tal efecto, le rogamos que proporcione una actualización de la situación durante nuestra próxima sesión plenaria, que tendrá lugar del 26 al 30 de octubre», concluye la misiva. El Gobierno de Sánchez podrá presentarse contando que la reforma ha sido congelada.