Sánchez nombra delegado del Gobierno en Murcia a un imputado por prevaricación y malversación
La Fiscalía pidió en enero ampliar el plazo de instrucción para practicar más diligencias al ver indicios de delito
Sánchez e Iglesias retuercen la ley para enchufar a su afines como altos cargos sin ser funcionarios
El Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez nombrará este martes delegado del Gobierno en Murcia al alcalde de Calasparra, José Vélez, imputado por cobrar una retribución ilegal como regidor de dicho municipio. El Consejo de Ministros aprobará el nombramiento de este alto cargo, dependiente del departamento de Política Territorial y Función Pública, pese a encontrarse en situación de investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz.
En concreto, en dicho juzgado hay unas diligencias abiertas por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, derivados del supuesto cobro ilegal de salarios en el Ayuntamiento calasparreño contra Vélez y otros dos socialistas murcianos, Jordi Arce Corbalá y Antonio José Moreno Gil. El caso se remonta a una querella interpuesta por tres ediles de la oposición, Jesús Alajarín (Ciudadanos), María Marín (PP) y Alonso Torrente (Calasparra Viva) contra dichos dirigentes socialistas, quienes habrían percibido ilegalmente entre los tres más de 30.000 euros de las arcas públicas del Ayuntamiento de Calasparra.
Estas retribuciones, que responden a distintos conceptos, comprendieron el periodo que va de septiembre de 2016 hasta agosto de 2017, en el que supuestamente habían renunciado a su condición de liberados con dedicación exclusiva en el Consistorio (Vélez regresó a su puesto de trabajador del Servicio Murciano de Salud) y se habían dado de baja por ese concepto en la Seguridad Social. De esta manera, según la querella, el alcalde José Vélez habría cobrado 4.572 euros; Jordi Arce, 15.071 euros, y Moreno Gil, 10.582 euros.
Malversación
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz, Antonia Moya, admitió a trámite la querella en septiembre de 2018 al considerar que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa y/o malversación de caudales públicos». Posteriormente, y tras las primeras diligencias, la instructora declaró la causa «compleja» en febrero de 2019 y fijó en dieciocho meses el nuevo plazo de duración de la tramitación de las mismas. Por su parte, la Fiscalía pidió el pasado enero la práctica de más diligencias al ver indicios de delito, así como otra prórroga del periodo de instrucción.
El imputado José Vélez, que sustituirá en el cargo de delegado del Gobierno en Murcia a Francisco Jiménez, es una persona de la máxima confianza del inquilino de La Moncloa y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Tal es así que el alcalde de Calasparra ocupa desde 2017 el puesto de secretario Ejecutivo de Pequeños Municipios de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
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