Sánchez no responde a la pregunta de Casado sobre cómo piensa pagar sus promesas sin incumplir el déficit

La reunión de este lunes en La Moncloa entre el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, ha concluido como una operación más cosmética que práctica. El objetivo, admitió sin tapujos La Moncloa, era «recuperar la institucionalidad» entre el jefe del Ejecutivo y el principal partido de la oposición, totalmente descompuesta en los últimos meses. De ahí que la agenda de temas fuese lo de menos para el Gobierno.

Tanto que, en apenas hora y media, se pincelaron algunos asuntos, pero Sánchez evitó los más polémicos. Rehuyó por ejemplo las quejas de Casado sobre cómo afrontará sus promesas económicas -subida de sueldos a funcionarios, permisos de paternidad, subsidios de parados, por ejemplo- sin tocar a su vez la cifra de déficit comprometida a Bruselas. Y calló también sobre la presión fiscal que pretende imponer a los españoles en los próximos meses, de acuerdo a la actualización del programa de estabilidad remitido a la Comisión Europea el pasado martes, y que cifran un incremento acumulado de más de 26.000 millones de euros en los próximos cuatro años, a través de impuestos. De acuerdo a ese plan, la presión fiscal subirá desde el 35,1% en 2018 hasta el 37,3% en 2022.

El silencio es indicador de que para los socialistas no hay más alternativa que una subida ingente de impuestos para cubrir su programa. Una subida, por otro lado, que Sánchez ocultó durante la campaña electoral y a la que puso cifras tan solo dos días después de pasar por las urnas.

El líder del PP reclamó a Sánchez que evitase una subida de impuestos. Es más, acudió al encuentro con su receta económica para bajarlos. En su opinión, porque es lo urgente para incentivar la economía, tras los indicadores que avalan su estancamiento.

«Una toma de contacto»

En un breve apunte enviado a los periodistas, La Moncloa calificó la reunión -de hora y media, la mitad del tiempo que la que mantuvieron diez meses atrás- de «cordial, afable y fluida». «Se trataba de una toma de contacto para normalizar las relaciones y se ha conseguido. Se mantendrán encuentros regulares, de tal modo que no sea noticia una reunión por sí misma, sino por los temas tratados», se añadió. En consideración del Gobierno, la intención era «dar una imagen de unión del país en los asuntos clave», como Pacto de Toledo, pensiones, ciencia y transición ecológica, y «reforzar la institucionalidad». 

«También se ha abordado la situación económica y fiscal», proseguía el comunicado, «un apartado en el que el presidente Sánchez ha reiterado al líder del PP los ejes de su política: luchar contra la desigualdad y favorecer la justicia social, modernizar la economía y consolidar las cuentas fiscales». No obstante, en este apartado -que no ocupó el espacio principal del encuentro, centrado sobre todo en Cataluña y temas internacionales- la concreción fue mínima.

La Comisión Europea y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) analizarán en las próximas semanas la viabilidad de las medidas presentadas por el Gobierno de Sánchez. Y también evaluarán si España será capaz de rebajar el déficit estructural.

A las autoridades comunitarias le generan dudas notables que Sánchez no aclare cómo piensa cumplir con sus promesas -de gran gasto- sin tocar los impuestos este año, ya que el plan aplaza la carga fiscal a 2020. Entre los impuestos previstos figura la subida de sociedades, la creación de una tasa a empresas como Google o Facebook, impuestos al gasóleo, subida del IRPF a contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros y patrimonio.

Por otro lado, el plan destaca gastos como la revalorización de pensiones al IPC, la subida del salario de los funcionarios, el subsidio de paro para mayores de 52 años, el aumento del permiso de paternidad hasta las 16 semanas o de las prestaciones por hijo a cargo.

Todo ello, con un marcado optimismo en las previsiones de déficit, que el Gobierno sitúa en el 1,1% en 2020 y el 0,4% en 2021. Para 2022 se avanza un equilibrio presupuestario. También prevé una reducción de más de 8 puntos en la deuda pública. Y una reducción del déficit de la Seguridad Social, con un negativo de 1,4% del PIB.

Unas previsiones que, como el principal partido de la oposición,  la Comisión Europea y los organismos económicos ven con recelo.