Sánchez incumple su Ley de Memoria: la placa con la leyenda «Francisco Franco, Caudillo de España» sigue en el Valle de los Caídos

El Gobierno de Pedro Sánchez, promotor de la Ley de Memoria Democrática vigente desde 2022, se ha convertido en infractor de su propia normativa. Y, además, en el enclave contra el que más viene batallando, el Valle de los Caídos. En este recinto, que depende del Gobierno a través de Patrimonio Nacional, se mantiene a la vista del público una placa de recuerdo y homenaje al dictador Francisco Franco que vulnera la Ley de Memoria Democrática tres años y medio después de que entrara en vigor.

«Francisco Franco, caudillo de España y fundador, inauguró este monumento el día 1º de abril de 1959», reza esa placa en la que se indica, igualmente, que «Su Santidad Juan XXIII erigió su iglesia en basílica por breve de 7 de abril de 1960 y fue consagrada el día 4 de junio del mismo año por el cardenal Gaetano Cicognani».  El término «breve» hace referencia al breve apostólico o pontificio, acto administrativo firmado por el Papa.

La Ley de Memoria Democrática que el Gobierno de Sánchez sacó adelante al gusto de –entre otros– la heredera de ETA, EH Bildu, cita en veinte ocasiones al Valle de los Caídos, lo que da idea de la importancia que da a este espacio como bandera de su particular batalla contra este enclave que considera un escaparate franquista. Además, dedica un extenso artículo, con seis apartados, a cómo reconvertir el Valle de los Caídos –que pasa a denominar oficialmente Valle de Cuelgamuros– para convertirlo en «lugar de memoria democrática». Todo ello después de que una de las primeras decisiones de Sánchez tras llegar al poder fuera ordenar la exhumación de los restos del dictador, que dejaron de reposar en esa basílica.

Además, la misma Ley de Memoria Democrática indica que deben eliminarse todas las placas que existan en «edificios públicos o en la vía pública», en las que se «realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura». En este caso, la placa se dedica a la memoria, a mayor gloria, del mismísimo Franco, por lo que va de suyo que resultaría obligada su eliminación atendiendo lo dispuesto por la Ley de Memoria Democrática que impulsó el Gobierno de Sánchez.

Por añadidura, esta ley en vigor desde hace tres años y medio indica nítidamente en el apartado quinto de su artículo 35 que, «cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos».

Además, la misma norma legal dispone que se considerará infracción grave «el incumplimiento de la resolución por la que se acuerde la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática». En este caso concreto, dicha resolución debería partir del Ministerio de Presidencia que dirige Félix Bolaños, ya que el recinto del Valle de los Caídos depende del organismo estatal Patrimonio Nacional, adscrito a dicho ministerio. Al frente de Patrimonio Nacional está Ana de la Cueva, alto cargo del Ejecutivo, que fue nombrada en este cargo a iniciativa directa de Pedro Sánchez –previamente había ocupado una de sus secretarías de Estado–.

La Ley de Memoria Democrática establece que las infracciones graves serán sancionadas con multas de entre 2.001 y 10.000 euros. Los expedientes sancionadores le corresponde incoarlos a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que depende a su vez del ministro Ángel Víctor Torres. El secretario de Estado de Memoria Democrática es el también socialista Fernando Martínez López.