Bolaños podría ser multado con entre 2.001 y 10.000 € por la placa de Franco en el Valle de los Caídos

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, podría enfrentarse a una multa de entre 2.001 y 10.000 euros si, paradójicamente, el Gobierno cumpliera con la obligación que le impone la propia Ley de Memoria Democrática, que el propio Ejecutivo de Sánchez impulsó y que lleva en vigor desde hace tres años y medio. El motivo de la multa sería la comisión de una infracción grave –según tipifica dicha ley–, por mantener en el Valle de los Caídos una placa de homenaje al dictador Francisco Franco en la que se le exalta como «Caudillo de España».

No parece probable que el Gobierno, a través de su Secretaría de Estado de Memoria Democrática, abra un expediente sancionador contra Bolaños por este motivo. Tampoco que lo haga para su subordinada Ana de la Cueva, presidenta del ente estatal Patrimonio Nacional, organismo del que depende el Valle de los Caídos. Patrimonio Nacional pertenece orgánicamente al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a cuyo frente está Félix Bolaños.

La Ley de Memoria Democrática obliga a los responsables de administraciones de las que dependen edificios públicos a eliminar toda placa de recuerdo u homenaje a dirigentes de la dictadura. En este caso se exalta al mismísimo Franco. Y se hace, además, en el Valle de los Caídos, al que la misma ley presta especial atención dedicándole un extenso artículo para reconvertirlo en «lugar de memoria democrática» y borrar todo recuerdo del franquismo con cariz de homenaje o conmemoración en positivo. Resulta evidente que la placa hace esto último: «Francisco Franco, Caudillo de España y fundador, inauguró este monumento el día 1ª de abril de 1959».

Atendiendo a lo que dispone dicha ley, debería ser el Ministerio de la Presidencia, como responsable del recinto, quien debería haber promovido la supresión de dicha placa. Más aún si se tiene en cuenta que, además de que el enclave depende de dicho ministerio a través de Patrimonio Nacional, hasta noviembre de 2023 la Secretaría de Estado de Memoria Democrática formaba parte del organigrama de Presidencia. Es decir, del ministro Bolaños. Es decir, fue su competencia directa cuando ya estaba en vigor la Ley de Memoria Democrática, que fue promulgada el 19 de octubre de 2022.

Esta norma legal dispone que se considerará infracción grave «el incumplimiento de la resolución por la que se acuerde la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática». En este caso concreto, dicha resolución debería partir del Ministerio de Presidencia que dirige Félix Bolaños, ya que el recinto del Valle de los Caídos depende del organismo estatal Patrimonio Nacional, adscrito a dicho ministerio. Al frente de Patrimonio Nacional está Ana de la Cueva, alto cargo del Ejecutivo, que fue nombrada en este cargo a iniciativa directa de Pedro Sánchez –previamente había ocupado una de sus secretarías de Estado–.

La Ley de Memoria Democrática establece que las infracciones graves serán sancionadas con multas de entre 2.001 y 10.000 euros. Los expedientes sancionadores le corresponde incoarlos a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que depende a su vez del ministro Ángel Víctor Torres. El secretario de Estado de Memoria Democrática es el también socialista Fernando Martínez López.