Sánchez intenta asaltar de nuevo el Constitucional con otro trámite por vía de urgencia

El Gobierno de Pedro Sánchez ctiva un plan b tras el varapalo del Tribunal Constitucional a su intento de asalto al Poder Judicial. Por el procedimiento de urgencia y de lectura única, con la voluntad de que esté en vigor antes de acabar el mes de enero, el PSOE y Podemos registrarán este viernes una proposición de ley para modificar la mayoría para elegir a los miembros del Constitucional. Una fórmula que no requiere de informes preceptivos ni del Consejo de Estado ni del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como piden la oposición y Europa. Se trata, según fuentes gubernamentales, de «recuperar la esencia de las dos enmiendas suspendidas». Aunque en Moncloa, algunas voces, no descartan del todo dar un paso más allá. Por ahora, todos hablan con la boca pequeña. El único que conoce los pasos concretos que se van a dar es Pedro Sánchez.

El presidente, con este movimiento, insiste en reformar por vía urgente la ley orgánica que regula el Órgano de Garantías y la del CGPJ. Ya advirtió, en una comparecencia este martes, que el Ejecutivo iba a usar todas las herramientas a su disposición para lograr su objetivo. Sánchez, incluso insinuó que, tras la decisión del Constitucional, podría avanzar una pantalla y reformar también la mayoría para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Por ahora, esto no se incluye en el documento que desde este mediodía trabajan los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos. En su momento, cuando ambos grupos lo propusieron, provocó que Bruselas reprendiera al Gobierno.

Según fuentes del Ejecutivo, que ha avanzado su intención de no guardar en el cajón la reforma paralizada por los jueces, esta proposición de ley se hará mediante la tramitación urgente. Eso quiere decir que, al acortarse todos los plazos, podría estar aprobada y entrar en vigor en menos de un mes. Moncloa no descarta incluso la convocatoria de un pleno extraordinario a lo largo del mes de enero, un mes inhábil en el Congreso, para imprimir rapidez al asunto. De momento, el Ejecutivo ya ha hablado con varios grupos de la izquierda, que han censurado la decisión del Constitucional, y que han manifestado su voto favorable a la iniciativa, para que se sumen también a la propuesta.

Las enmiendas que fueron suspendidas por parte del Constitucional, y que ahora el PSOE y Podemos tratarán de darles validez legal mediante otro texto, pretenden, por una parte, eliminar la mayoría de tres quintos a la hora de nombrar en el Consejo General de Poder Judicial a los magistrados al Constitucional. Y, por otra, modificar el propio órgano de garantías eliminando el plácet, el examen de la idoneidad a los nuevos magistrados y habilitando la opción de renovar por sextos y no por tercios. Son la vía que el Gobierno ha encontrado para superar el bloqueo del Poder Judicial ante la falta de acuerdo con el PP, que dura ya cuatro años y que desde el pasado verano se extiende al Tribunal Constitucional, donde impera una mayoría conservadora.