Sánchez gasta 243.432 € en la seguridad del Pazo de Meirás, ex propiedad de los Franco

• Paula Baena @paulabaena26
• Periodismo y Derecho. Redactora de Nacional en OKDIARIO. Política de Madrid. Email: paula.baena@okdiario.com
• • 29/07/2022 06:47
  • Actualizado: 29/07/2022 08:58

El Gobierno de Pedro Sánchez ha invertido un total de 243.432,74 euros en contratar a una empresa de seguridad para vigilar el Pazo de Meirás (Sada, La Coruña), que la familia Franco tuvo que devolver al Estado en 2020 tras una demanda interpuesta por el Ejecutivo socialista.

La empresa a la que ha adjudicado el Gobierno socialista el contrato para el «servicio de vigilancia en el inmueble patrimonial denominado Pazo de Meirás» es Servicios SPR Vilanova, S.L, una Pyme de 30 trabajadores constituida en 2009 en Villanueva de Arosa.

Así consta en el anuncio de contratación del sector público del Ministerio de Hacienda y Función Pública publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 27 de julio, donde aparece que la empresa ha sido seleccionada por 243.432,74 euros de entre cuatro ofertas recibidas.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña estimó en septiembre de 2020 íntegramente la demanda para la devolución del Pazo de Meirás interpuesta por el Estado, al que declaró propietario del inmueble. También condenó a la familia Franco a su devolución sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.

En el procedimiento, la Xunta de Galicia, los ayuntamientos de Sada y La Coruña y la Diputación coruñesa defendieron también la postura de la Abogacía del Estado, mientras que como demandados constaban seis familiares de Francisco Franco y una sociedad limitada.

La magistrada Marta Canales declaró en la sentencia la nulidad de la donación efectuada en 1938 de «la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma».

En relación a este fundamento, la jueza aclaró que, el mismo año en que se efectuó la donación, se constituyó una Junta Pro Pazo «del Caudillo» para comprar y regalar el Pazo de Meirás «al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional». «Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado», añadió respaldando los argumentos de los demandantes y rechazando los de la parte demandada.

El Pazo de Meirás fue cedido como propiedad a Franco en 1938, y desde entonces, durante los 82 años siguientes, fue propiedad de la familia. Por ello, los propios sucesores del dictador exigieron el pago de un «precio justo» al Estado a cambio de lo que consideraban una expropiación.

Esta petición llegó a ser ridiculizada por la magistrada Canales en el auto en el que dictaba la devolución de la propiedad. «La cuestión del precio, sin duda sorpresiva, ni tan siquiera fue respondida por parte de la Administración General del Estado», aseguraba la juez en el extenso auto en el que quedó sellado el futuro de la propiedad.

El Pazo de Meirás fue declarado Bien de Interés Cultural en 2008, algo a lo que se oponía la familia Franco. Esto obligó a los herederos del dictador a abrir el espacio al público durante cuatro días al mes para visitas, que no comenzaron hasta el pasado 2011. En años posteriores, la familia trató de vender la propiedad por unos 8 millones de euros.

No fue hasta 2017 cuando se inició el frente legal contra los Franco para que el Estado recuperase la propiedad del palacio. Se creó la Junta pro Devolución del Pazo de Meirás, que integraron ayuntamientos, la Diputación de La Coruña y la Universidad de La Coruña, pero no así el Gobierno de la Xunta de Galicia.

En julio de 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez se lanzó definitivamente a la batalla legal por el Pazo. La Abogacía del Estado presentó una demanda judicial para devolver la propiedad acusando a los Franco de «fraude» en la compra.

En septiembre de ese año, la magistrada Marta Canales acordó que tanto la Xunta de Galicia como el Ayuntamiento de Sada podrían intervenir en el proceso judicial. El proceso quedó a la espera de una decisión final, que llegó en septiembre de 2020.