Sánchez dispara hasta los 12 millones el gasto para propaganda de su ley mordaza contra medios críticos

• Rafael Molina @RafaelMolinaTW
• Redactor de Nacional en OkDiario con formación en Periodismo y Derecho. Te leo en rafael.molina@okdiario.com
• • 19/04/2025 06:53
  • Actualizado: 19/04/2025 06:53

El Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado el coste previsto para el servicio de publicidad del Plan de Acción por la Democracia, es decir, de la conocida como ley mordaza contra los medios críticos. En el Plan Anual de Publicidad y Comunicación Institucional para 2025, el Gobierno dispuso un gasto plurianual, con IVA, de hasta 9.740.500 euros. Sin embargo, el Ejecutivo ahora prevé un gasto mayor: hasta 12.070.000 euros, impuestos incluidos.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres ha publicado la licitación por un servicio de «creatividad, diseño, realización y producción para el conjunto de acciones de divulgación e información sobre el valor de las libertades y la democracia en España».

El trabajo de la empresa adjudicataria es realizar una campaña publicitaria en radio, televisión, prensa, internet y redes sociales. El objetivo, según los pliegos contractuales, es «avanzar en la construcción de una democracia más fuerte y resiliente y aumentar la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático».

El Gobierno especifica cuatro ejes sobre los que tiene que pivotar la campaña de comunicación que diseñe el equipo creativo contratado por el ministerio de Torres:

1. «Reafirmar el compromiso con los valores democráticos, la libertad y el progreso».
2. «Reconocer el esfuerzo de toda la sociedad en la construcción de la democracia y sus avances».
3. «Sensibilizar sobre la importancia de proteger los derechos y libertades conquistados».
4. «Fomentar la memoria democrática, especialmente entre las nuevas generaciones».

Más específicamente, el pliego de prescripciones técnicas del contrato exige al adjudicatario una «estrategia que responde al desarrollo del Plan de Acción por la Democracia». Sánchez defendió su plan alegando que pretendía «acabar con la impunidad de algunos pseudomedios» que difunden «bulos y desinformación».

Sin embargo, lo que se ha ido anunciando, en la práctica, es una serie de medidas para intentar silenciar a los medios críticos que informan sobre la corrupción que se cierne sobre su mujer, Begoña Gómez, imputada por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo laboral y apropiación indebida, o sobre su hermano, David Sánchez, investigado por delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

Ahora, el Ejecutivo tiene prisas por seleccionar una empresa para que le efectúe el servicio de propaganda de su ley mordaza contra los medios críticos. Tanto es así, que la licitación se produce por la tramitación de urgencia. Para justificar este método, se apela a un barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que preside José Félix Tezanos. Concretamente, alude a los «resultados del último estudio sobre hábitos democráticos elaborado por el CIS». A ojos del Ejecutivo, es «imprescindible y urgente la puesta en marcha de una campaña de comunicación que resalte los valores de la democracia».

Jóvenes, objetivo del Gobierno

El Gobierno subraya que la población objetivo de esta campaña es toda la ciudadanía, pero «se dirige con especial atención a los jóvenes, para que conozcan y valoren la evolución de la democracia en España».

Concretamente, diferencia tres tipos de públicos:

• Mayores de 25 años. A los que dice que hay que «informar».
• Jóvenes entre 16 y 24 años que creen en la democracia. De ellos dicen que hay «conciencia de su vigencia».
• Jóvenes entre 16 y 24 años que consideran los sistemas alternativos a la democracia. A estos asegura que hay que «concienciar de su valor» además de «cambiar su actitud» ante ello.

Y precisa que la empresa adjudicataria tendrá que realizar todas las acciones necesarias «para la concienciación e información sobre las diferentes medidas dentro del Plan de Acción por la Democracia». Y también incide en que pueden incluirse también «acciones de comunicación interna o actuaciones de carácter institucional». Todo ello persiguiendo el objetivo de «informar sobre la importancia de la democracia en España y conseguir una base democrática más sólida», según el Gobierno.

El coste de este servicio se calcula para seis meses, desde que se formalice el acuerdo. Ese período tendría un importe de 4.987.603,31 euros, sin IVA. Por tanto, este gasto podría elevarse hasta los 6.035.000 euros, impuestos incluidos. Pero el contrato prevé una prórroga de otros seis meses, es decir, que multiplicaría por dos esta cantidad, de modo que se elevaría por encima de los 12 millones de euros.