Sánchez deja a Castilla y León sin un euro de los 1.400 millones extra para combatir la sequía en España

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido castigar a Castilla y León en el plan de lucha contra la sequía. Ha dejado a la región, gobernada por el PP y Vox, fuera del reparto de los 1.400 millones de euros extraordinarios para afrontar la sequía y aumentar la disponibilidad de recursos hídricos.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que dirige la número 2 del PSOE al Congreso Teresa Ribera, ha destinado una ingente cantidad de dinero para ayudar a las zonas más afectadas por la falta de agua. Como es el caso de Castilla y León, según documentos del propio Gobierno que provocaron restricciones en el riego. Unos informes a los que no ha atendido a la hora de efectuar este reparto, optando por una decisión política que deja sin ayudas al sector primario. De esos 1.400 millones de euros urgentes la mayor parte, un total de 220, se los lleva Cataluña.

La razón de no entregar ni un sólo euro de este fondo extraordinario a la autonomía que preside el popular Alfonso Fernández Mañueco, corresponde a la falta de proyectos planteados en esta región por parte del departamento que dirige Ribera.

Aunque el Ejecutivo afirma tener una partida de 22.844 millones previstos para los Planes Hidrológicos 2022-2027 en Palencia o 3.167 de los PERTE de Digitalización del Ciclo de Agua del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero nada de eso ha llegado todavía a una de las comunidades autónomas líderes en el sector primario. Sin embargo el Ejecutivo sí compromete importantes inversiones como la que permitirá avanzar en la desaladora de Tordera, en la provincia de Barcelona.

Además de no incluir a Castilla y León en el reparto de este fondo extraordinario, que permitirá a los agricultores paliar las pérdidas que han sufrido en los últimos meses y poder adaptar los sistemas de riego, el Gobierno también ha optado por declarar la región como zona de afección media. Una decisión que reduce a la mitad las ayudas que otorga otro ministerio, el de Agricultura.

En el Real Decreto-ley 4/2023, no obstante, Moncloa reconocía que «se encuentran significativamente afectadas por la sequía las cuencas del Ebro, especialmente en el sistema del Segre, y del Duero, presentando riesgos los sistemas del Pisuerga y del Bajo Duero». Lo que fija una asignación de agua para el regadío del 58% de la asignación normal y establece un sistema de turnos de extracción de agua de los cauces públicos.

Las únicas ayudas que el Gobierno de España destina a la cuenca del Duero son en forma de exención de tasas de riego cuando las reducciones de los suministros a los usuarios superen el 40%. Un beneficio cifrado en dos millones de euros del que también se beneficiarán en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, con una consignación de cuarenta millones, y la del Ebro, con una partida de 15 millones. Lo que evidencia que la decisión de Moncloa es puramente política.