Sánchez acelera las multas por símbolos franquistas mientras jalea el delito de ofensas religiosas en TVE

El Gobierno arranca 2025 anunciando un nuevo paso en su autodenominado Plan de Acción por la Democracia: la reforma del delito de ofensas religiosas. Tras la polémica imagen del Sagrado Corazón de Jesús en una vaquilla del Grand Prix que LalaChus mostró durante las campanadas de TVE, como burla a los católicos, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, asegura que el Ejecutivo reformará este delito «para garantizar la libertad de expresión». En paralelo a este anuncio, el Gobierno de Sánchez está tramitando de urgencia el catálogo de símbolos franquistas, que conlleva multas de hasta 10.000 euros para los particulares que se nieguen a retirarlos.

La compañera de David Broncano tiró este martes de un viejo clásico para tratar de llamar la atención, la burla pretendidamente humorística a los sentimientos religiosos. La presentadora, de nombre Laura Yustres, mostró una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la que en lugar de la cara de Jesús aparecía la vaquilla del Grand Prix. El ministro de Justicia reaccionaba celebrando la carta blanca de la que en España goza la burla al catolicismo: tanto, que él, personalmente, está impulsando una reforma del delito de ofensas religiosas para blindar por ley esta impunidad.

Félix Bolaños salió al paso de las críticas al chiste de LalaChus espetando que en el primer día del año llega «el primer intento de los ultras de amedrentar». Y remarcó: «En 2025 impulsaremos la reforma del delito de ofensas religiosas para garantizar la libertad de expresión y creación, una medida del Plan de Acción por la Democracia», mostrando su apoyo a la pareja escogida este año por RTVE para emitir las campanadas en su primera cadena.

Una decisión que ha sido aplaudida por sus socios de coalición, Sumar, que han emplazado este jueves al PSOE a culminar la reforma del delito de ofensas religiosas, que está congelada en el Congreso desde hace más de un año. «Ya está tardando», ha apremiado el portavoz de Justicia e Interior de Sumar, Enrique Santiago, a su socio de Gobierno.

De esta forma, a la par que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decide lo que es libertad de expresión y lo que no, el Ministerio de Memoria Democrática ha acelerado su ofensiva para multar a los ciudadanos que no retiren simbología franquista. En plena DANA, el Consejo de Ministros aprobó tramitar de urgencia el listado con todos los «elementos y símbolos contrarios a la memoria democrática» para su posterior retirada, con multas de hasta 10.000 euros si se incumple la normativa vigente.

Este nuevo texto tiene como finalidad desarrollar la Ley de Memoria Democrática. En concreto, en lo referido al artículo 36 confeccionará en colaboración con el resto de las administraciones públicas un catálogo de símbolos y elementos franquistas, al que se incorporarán en todo caso los datos suministrados por las comunidades autónomas, y contendrá la relación de elementos que deban ser retirados o eliminados.

La concreción del listado de elementos y símbolos franquistas permitirá la aplicación de las sanciones establecidas en Ley de Memoria. Según dicha norma, se considera falta grave el incumplimiento de la resolución por la que se acuerde la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. Se sancionará con multas de entre 2.000 y 10.000 euros.

Rectificación en redes

Bajo su Plan de Acción por la Democracia, el Gobierno quiere extender su mordaza de los medios a la ciudadanía. El pasado 17 de diciembre, el Consejo de Ministros dio luz verde al  nuevo anteproyecto de ley para regular el derecho de rectificación, que ya no sólo afectará a los medios de comunicación, sino también a los «usuarios relevantes» en redes sociales. Una ofensiva del Gobierno contra los supuestos bulos que comenzó el pasado mes de abril, cuando Sánchez se fue a reflexionar cinco días bajo el pretexto del «acoso y derribo» al que estaba siendo sometido por los medios que publicaban informaciones veraces sobre Begoña Gómez, ahora imputada por cuatro delitos.

Este cambio normativo tiene una especial relevancia, dado que el férreo control que el Gobierno quiere ejercer sobre los medios de comunicación, se extiende ahora a ciudadanos particulares que expresan opiniones en sus cuentas de redes sociales. Así, se obligará a rectificar a los «usuarios de especial relevancia», es decir, aquellos que tienen más de 100.000 seguidores en una plataforma o más de 200.000 en el conjunto de todas ellas.