Illa preparó las elecciones en plena escalada con un decreto de alarma que permite sus mítines

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política, PP, Congreso y Senado
• • 28/01/2021 06:45
  • Actualizado: 28/01/2021 08:34

El decreto de estado de alarma vigente, que elaboraron la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el dimitido ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, allá por el mes de octubre, permite saltarse los confinamientos en campaña electoral, a diferencia del elaborado en marzo por el mismo Ejecutivo para hacer frente a la primera ola, en la que fueron aplazados los comicios de Galicia y País Vasco.

Sin embargo, ahora con el coronavirus desbocado de nuevo, en plena escalada, y con los municipios de Cataluña cerrados perimetralmente, el PSC ha organizado hasta «tres caravanas» electorales de dirigentes para recorrer la comunidad en las dos semanas de campaña hasta el 14-F que arranca oficialmente en la medianoche de este jueves. Una de ellas la protagonizará el propio ex ministro de Sanidad y cabeza de lista del PSC al Govern, Salvador Illa; otra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este jueves ya estará en Barcelona en el primero de los cinco actos donde participará en esta campaña, y una tercera donde estarán el flamante ministro de Política Territorial y primer secretario del PSC, Miquel Iceta, la vicesecretaria, Eva Granados, o la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Algunos ministros acompañarán también a Sánchez.

La candidatura de Illa arremetió el martes en redes sociales contra la Generalitat por incluir la asistencia a actos electores del 14-F como uno de los motivos para la emisión de los «certificados de autorresponsabilidad» que se usan para justificar desplazamientos. No obstante, el Govern planteará este jueves un pacto a los partidos para tratar de «limitar los mítines a la gente del municipio, y que el resto se conecte virtualmente». Eso sí, los políticos sí podrán moverse -con esos certificados- para hacer campaña entre los diferentes municipios. Y ello, pese a estar cerrados. De ahí, las tres caravanas electorales del PSC, que avanzó este miércoles que en sus mítines estarán los candidatos y los otros dirigentes intervinientes, además de sus equipos, y que no habrá público.

Las críticas del PSC a la Generalitat en esta cuestión han sido contrarrestadas por ERC, partido del presidente interno, Carles Aragonès, ya que los republicanos han recordado a los socialistas que el Govern se ajusta aquí en términos de movilidad a lo estipulado en el decreto de estado de alarma que elaboró Illa junto a Calvo el pasado octubre, sin prever la dimensión de esta tercera ola.

La portavoz de ERC en el Parlament, Anna Caula, lo expresó así este miércoles en las redes sociales: «Rigor, y más del PSC que gobierna en España y donde el ministro-candidato Illa ha sido el máximo responsable de cómo se ha gestionado el Estado de alarma. Las excepciones como muy bien sabéis no las ha hecho el Govern. Las excepciones las definió el PSOE en el decreto del estado de alarma». Caula contestó así a los socialistas después de que señalaran que «no entendemos la excepción que ha hecho el Gobierno que habilita saltarse el confinamiento municipal para asistir a actos políticos. Es una irresponsabilidad que no ayuda a mejorar la situación sanitaria en Cataluña», manifestaron.

El citado decreto de alarma prorrogado hasta el 9 de mayo fue aprobado por el Ejecutivo socialcomunista en un Consejo de Ministros extraordinario el pasado 25 de octubre con unas características «adecuadas a la segunda ola de la pandemia». Sin embargo, en estos momentos España ya se encuentra en una severa tercera ola con cifras diarias de la primera. Por ejemplo, este martes se registraron 591 muertos por Covid, un número que no se daba desde el pasado 12 de abril, apenas un mes después de decretarse el primer estado de alarma, donde el texto imposibilitada la celebración de elecciones.

En la cuarta prórroga

No fue hasta la cuarta prórroga, la contemplada en el real decreto 514/2020, del 8 de mayo, cuando el Gobierno de Sánchez introdujo una modificación en el texto inicial del estado de alarma para dar vía libre a la celebración de elecciones autonómicas y permitir la movilidad entre provincias. Era el comienzo de la conocida como «desescalada» en «cogobernanza» con las comunidades autónomas.  Aquella cuarta prórroga ya introdujo esta salvedad: «La vigencia del estado de alarma no supondrá obstáculo alguno al desenvolvimiento y realización de las actuaciones electorales precisas para el desarrollo de elecciones convocadas a Parlamentos de comunidades autónomas».

Una excepción que volvió a aparecer en el estado de alarma actual en forma de «disposición adicional única» en el real decreto del 25 de octubre de 2020, prorrogado hasta el 9 de mayo de 2012. Esta norma estatal, que es la esgrimida por ERC, señala que «la vigencia del estado de alarma no impedirá el desenvolvimiento ni la realización de las actuaciones electorales precisas para la celebración de elecciones convocadas a parlamentos de comunidades autónomas».

La revelación de Iceta 

Cuando este decreto del 25 de octubre, que permite saltarse el confinamiento en procesos electorales, fue elaborado por Calvo y Salvador Illa, ya se barajaba la posibilidad de que el entonces ministro de Sanidad fuera el candidato del PSC a las próximas elecciones autonómicas del 14-F, que fueron anunciadas por el presidente del Parlament, Roger Torrent, el 2 de octubre, es decir, 23 días antes.

El propio primer secretario del PSC y hoy ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, reveló recientemente en declaraciones a La Sexta que «en octubre empiezo a ver que Salvador (Illa) tenía una valoración mejor que la mía y se lo comento a Pedro Sánchez, pero me dijo que en ese momento momento era impensable, pero que igual era posible a final de año», apuntó.

Entretanto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene que pronunciarse antes del 8 de febrero sobre si se retrasan las elecciones del 14-F. Si bien ya ha sugerido que sólo se inclinaría por el aplazamiento si el Gobierno central endurece el actual estado de alarma, algo improbable a estas alturas. Y ello, pese a rozar ya España una incidencia de casi 900 casos por cada 100.000 habitantes.