Sáenz de Buruaga pide a Génova que sancione a los 9 diputados que se niegan a nombrarla portavoz

La ejecutiva del PP de Cantabria ha acordado este jueves pedir al Comité Nacional de Derechos y Garantías que expediente a los nueve diputados autonómicos del partido que se niegan a nombrar portavoz del Grupo Parlamentario a la nueva presidente regional del PP, María José Sáenz de Buruaga.

La ejecutiva ha tomado esta decisión por una amplia mayoría (con 37 votos a favor y sólo dos en contra) pero con importantes ausencias: no han asistido ni el actual portavoz parlamentario Eduardo van den Eynde (al que Sáenz de Buruaga quiere destituir del cargo), ni el diputado regional José Manuel Igual (al que también amenaza con expedientarle), ni los senadores Javier Fernández y Esther Merino, ni el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz.

Ya en las dos anteriores ejecutivas del PP de Cantabria, Sáenz de Buruaga dio un ultimátum a los 13 diputados regionales del PP para que la nombren portavoz. Nueve de ellos se han negado porque esta medida vulneraría los estatutos del partido, que no permiten a ninguno de sus dirigentes ocupar más de un cargo orgánico e institucional.

«Hasta las últimas consecuencias»

María José Sáenz de Buruaga ocupa actualmente un cargo orgánico (presidenta regional del partido) y dos institucionales: vicepresidenta del Parlamento de Cantabria y presidenta del Grupo Parlamentario Popular. Ahora, además, quiere ser portavoz.

La secretaria general del PP de Cantabria, María José González Revuelta, ha explicado que la ejecutiva quiere que el Comité de Derechos y Garantías aplique «hasta las últimas consecuencias» los estatutos del partido a los nueve diputados díscolos, «desde el primero hasta el último».

Y ha aclarado que el expediente disciplinario que se abrirá puede concluir con la suspensión de militancia de los nueve afectados, o incluso con su expulsión del partido. Algo que dejaría al PP con tan sólo cuatro diputados en el Parlamento regional.

Piden amparo a Rajoy

El cisma abierto en el seno del partido tiene su origen en el pucherazo registrado en el congreso regional del pasado mes de marzo, en el que María José Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta al obtener sólo cuatro votos más que su rival, el ex presidente autonómico Nacho Diego.

Como ha informado OKDIARIO, los afines a Sáenz de Buruaga utilizaron la cuenta corriente de un discapacitado de Laredo para pagar las cuotas de al menos 491 militantes, con el fin de que pudieran votar en el congreso. Estos hechos ya han sido denunciados, en una demanda civil que ha sido admitida a trámite por un Juzgado de Santander.

El sector mayoritario del partido (que incluye a 70 alcaldes y cabezas de lista) hizo público el martes un comunicado en el que pide amparo al presidente Mariano Rajoy y reclama que designe a una gestora, para preparar la celebración de un nuevo congreso que facilite la integración de todas las corrientes.