Ribó quiere dejar en la calle a 8 trabajadoras de un restaurante valenciano

Los trabajadores del bar Supergourmet, situado en el Mercado Central de Valencia, se han encadenado la mañana de este miércoles para impedir el cierre del negocio, que da empleo y sustento a 10 familias, ordenado por el Ayuntamiento de Valencia.

Agentes de la policía se presentaron en el local pasadas las 12 del mediodía. Ante la imposibilidad de llevar a cabo el alzamiento del local, por estar los empleados encadenados frente a la puerta, retrasaron la ejecución de la orden a la mañana del jueves, cita a la que volverán acudirán los empleados de Supergourmet para impedirlo de nuevo. El viernes se producirá el último intento por parte de la policía, después de la cual se les impondrá una demanda.

El desahucio ordenado por Joan Ribó, alcalde de Valencia por Compromís, se ha venido aplazando durante este 2016 por diferentes motivos. El consistorio aduce que existen diferentes expedientes sancionadores por falta de limpieza y por utilizar una cocina para la cual la concesión no otorga permiso. Pero los motivos reales del cierre van más allá.

«Es una persecución»

Según asegura Diego Molina, el apoderado de la empresa que opera esta concesión desde 2007, el local se ha adaptado a la normativa existente y cuando se han producido expedientes y sanciones siempre se han cumplido y solucionado.

La «persecución» por parte del Ayuntamiento a este empresario y sus trabajadores comenzó en 2015 y se ha convertido en una auténtica pesadilla. El punto inicial fue la inspección que determinó que se incumplían los puntos del acuerdo de concesión relativos a limpieza y a la elaboración de alimentos cocinados. Esto supuso una infracción grave que tuvo como consecuencia el cierre cautelar del local. Las deficiencias fueron subsanadas, según el propio dueño en «sólo cuatro días» y, a pesar de tener el permiso de la Generalitat, dejaron de cocinar alimentos. Esto permitió la reapertura de la actividad en poco más de dos semanas.

La sorpresa llegó, según los afectados, cuando entró en escena el concejal de Comercio, Carlos Galiana. Aduciendo «los mismos motivos que ya se habían subsanado», Galiana ordenó la extinción de la concesión y el cierre del local en un mes ya que, según el edil, se seguía cocinando en el local.

El dueño no daba crédito. Otros locales del mercado, como los puestos de frutas y verduras, elaboran y venden zumos y batidos sin tener licencia para ello. En esos casos, Ribó y Galiana hacen la vista gorda. Por este motivo y por la desesperación de ver que las 10 familias a las que da trabajo el Supergourmet se podían quedar sin trabajo, Diego decidió presentar una querella contra el edil de Compromís por prevaricación.

«Por mis cojones que lo cierro»

El dueño de la concesión del Mercado Central asegura que todo lo que está sucediendo con su local forma parte de un plan que el propio Ribó reconoció incluso antes de llegar a la Alcaldía. El pasado 30 de diciembre, a través de su cuenta de Facebook, Diego Molina aseguraba que «unos señores nos comentaron que en una reunión de Comisiones Obreras, Ribó, manifestó que si salía elegido alcalde lo primero que haría sería peatonalizar la zona y cerrar nuestro bar».

Desde que iniciaron sus protestas, y ante la inminente amenaza de cierre, los trabajadores de Supergourmet han pedido en reiteradas ocasiones reunirse con el alcalde de Valencia. Encuentro que nunca se ha llegado a producir, ya que desde la oficina del alcalde les dan largas. No entienden cómo un partido como Compromís que siempre ha estado en contra de los desahucios y ha pretendido ponerse del lado de la mujer trabajadora, ahora plantea una «medida injusta» que va a llevar al paro a 8 mujeres trabajadoras.

El dueño del local ahonda mucho más en el problema. En un cara a cara con el edil Galiana, éste le reconoció que cerraría el local «por sus cojones», lo que finalmente llevó a Diego a presentar la querella por prevaricación.

El juzgado de Instrucción número 16 de Valencia acordó el pasado 16 de diciembre tomar declaración como investigado por presunta prevaricación a Galiana. La decisión parte de la querella de una empresa titular de puestos en el Mercado Central, que atribuía a Galiana haber dictado resoluciones injustas y arbitrarias en la licencia de ocupación de puestos objeto de traspasos, para los que se aprobaron concesiones por 66 y 68 años. La parte denunciante argumentaba que la regulación de la duración o plazo de la concesión administrativa o licencia de explotación se recoge en el artículo 57 de la Ordenanza Municipal de Mercados, que indica que ese plazo máximo será por 20 años, entre otros.

Para los querellantes, las resoluciones del edil, al no haber supuestos especiales de ampliación de plazo, perjudican los intereses generales de los demás concesionarios. Posteriormente, ampliaron la querella por unos puestos extintos por impago de las tarifas, que consideran que deberían haber sido licitados en subasta pública y le acusaron de dispensar un trato de favor al antiguo concesionario que se benefició del importe del traspaso pese a haberse extinguido la licencia.