La Rey Juan Carlos recurre la parte archivada del caso máster al no compartir el criterio del juez
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) recurrirá el sobreseimiento provisional del auto en el que la juez Carmen Rodríguez Medel archivaba el caso en lo relativo al delito de prevaricación y cohecho impropio manteniendo la investigación por si hubo falsificación en el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes, en el Caso Máster, según han informado fuentes de la universidad.
Y lo hará al no compartir «los criterios establecidos en dicha resolución relativos a la interpretación que se efectúa del auto del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2018 que ha dado lugar al archivo de una parte sustancial de la causa».
No obstante, la universidad ha querido mostrar su «máximo» respeto a las decisiones judiciales, si bien se muestra disconforme con los argumentos esgrimidos por la instructora en su resolución.
En el auto dictado el pasado 1 de octubre, la jueza destacaba que tanto el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo como el propio auto de este Alto Tribunal de no abrir causa por los estudios del presidente del PP, Pablo Casado, son «determinantes para el resto de las decisiones que deben adoptarse en este procedimiento».
Por ello, se basaba en estos dictámenes para proceder al archivo de la causa en cuanto a ambos delitos no sin explicar en qué sustentaba sus investigaciones.
Para Rodríguez Medel, acreditar indiciariamente la existencia de actividad académica era una parte sustancial en relación con la responsabilidad penal de unos y de otros y era el «punto neurálgico» de la instrucción.
Además, la juez Coro Monreal, al frente del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, ha citado a declarar este viernes en calidad de investigado al ex director del ya extinguido Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) Enrique Álvarez Conde.
En una providencia dictada el pasado 25 de septiembre la instructora cita a comparecer al catedrático de Derecho Constitucional por un delito de malversación de fondos públicos.
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