Revés judicial a Marlaska: incumple la doctrina del Supremo sobre las retribuciones en la Guardia Civil

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 19/10/2025 05:46
  • Actualizado: 21/10/2025 20:24

La Audiencia Nacional (AN) ha sentenciado que el Ministerio del Interior incumple la doctrina del Tribunal Supremo (TS) sobre las retribuciones de los guardias civiles. En concreto, la jurisprudencia que reconoce el derecho de los agentes a cobrar las funciones de superior categoría. Y ello pese a que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es magistrado en servicios especiales y, por tanto, sabe perfectamente que está obligado a acatarla.

La Audiencia Nacional señala esta «hostilidad administrativa» de Interior en una reciente sentencia, en la que estima una demanda de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que viene denunciando públicamente desde hace tiempo que la Administración «ignora sistemáticamente la jurisprudencia consolidada del Supremo que da la razón a los guardias civiles».

El magistrado destaca que Interior «no sólo ha infringido» la «clara doctrina» del Supremo en esta materia, sino que, además, «obliga innecesariamente» a los agentes a activar la vía judicial para restablecer este derecho «frente a una Administración que persiste en desoír los pronunciamientos jurisdiccionales».

El Alto Tribunal estableció en octubre de 2020 que el desempeño continuado de un puesto de jefatura de unidad por un guardia civil, aunque sea accidental o por sustitución, conlleva el derecho a percibir los complementos de destino y específico -general y singular- del puesto desempeñado, en aplicación del principio de igualdad retributiva.

Inercia a obviar la doctrina

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2 de la Audiencia Nacional se ha pronunciado sobre un caso prácticamente idéntico al del Supremo en una resolución dictada el pasado 18 de septiembre, en la que estima una demanda de la AEGC.

Por ello, el magistrado afirma que «no se comprende la inercia de la Administración a obviar la doctrina de los tribunales, como si no quisieran entender que, en un Estado de Derecho, por encima del criterio de la Administración, se alza el de los tribunales de justicia».

El caso analizado versa sobre un agente que estuvo ejerciendo de forma accidental las funciones de jefe de la Intervención de Armas y Explosivos, pero la Administración se niega a retribuirle dichas funciones conforme a lo establecido por el Supremo. La Administración sólo le reconocía el componente singular del complemento específico.

La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio a abonarles las diferencias retributivas que reclamaban los servicios jurídicos de la AEGC. Además, le impone las costas. La sentencia es la número 124/2025, de 18 de septiembre, dictada por el magistrado Luis Alfredo de Diego y Díez. 

Ignora la reiteración de resoluciones

La Audiencia Nacional explica en la sentencia que la resistencia de la Administración a acatar este criterio jurisprudencial se manifiesta no sólo en «el incumplimiento directo» de lo establecido en dicha sentencia, sino también en el hecho de «ignorar la reiteración de resoluciones que han seguido dicha doctrina».

En este sentido, indica que «son ya numerosos los casos en que los tribunales superiores de justicia han aplicado la jurisprudencia del Tribunal Supremo y han anulado, por no ajustarse a la legalidad, resoluciones análogas» que no acatan la jurisprudencia del Alto Tribunal, «dictadas por delegación del ministro del Interior». Y cita varias sentencias que así lo acreditan.

Además, concluye que la resolución impugnada, de 29 de abril de 2025, se dictó «casi cinco años después» de que el Supremo fijara su criterio en la sentencia de 21 de octubre de 2020, por lo que «tiempo sobrado ha tenido el Ministerio del Interior para aceptar que, en un Estado de Derecho, los tribunales de justicia controlan la legalidad de la actuación administrativa y que, por lo tanto, la doctrina establecida en resoluciones jurisdiccionales firmes prevalece sobre sus particulares criterios».

Interior «perpetúa una situación injusta»

La AEGC denuncia que este actuar de Interior «no solo supone un menosprecio al Estado de Derecho, sino que perpetúa una situación injusta para numerosos miembros de la Guardia Civil».

Francisco Fernández Larios, vicepresidente de esta asociación, subraya que esta negativa representa un incumplimiento sistemático del principio de «a igual trabajo, igual salario», algo en lo que también coincide el Supremo.

Además, recuerda que el TS ha dejado clara su postura en diferentes sentencias, como la 52/2018 y 605/2019, en las que dictamina que cuando un funcionario asume de manera continuada las funciones esenciales de un puesto distinto al suyo, debe percibir las diferencias retributivas correspondientes al nuevo cargo desempeñado.

«Asimismo, ha señalado que la manida excusa de falta de presupuesto no se puede utilizar para privar de derechos a quienes ejercen de facto responsabilidades superiores», apunta esta asociación.

La AEGC insta a la Administración «a respetar de una vez por todas el ordenamiento jurídico y acatar las resoluciones judiciales, poniendo fin a una práctica que vulnera derechos fundamentales de los guardias civiles».

«Servidores públicos que deben recurrir una y otra vez a la Justicia para que esos derechos queden protegidos frente a la maquinaria del Estado que de manera reiterada ignora la jurisprudencia al contar con los fondos económicos que salen de los impuestos pagados por los ciudadanos», concluye Francisco Fernández Larios.