Trapero se escaquea de la reunión de Mossos, Policía y Guardia Civil en la Delegación de Gobierno

Representantes de los Mossos d’Esquadra, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil están reunidos en la Delegación del Gobierno en Cataluña en el marco del dispositivo coordinado, por decisión judicial, por el coronel Diego Pérez de los Cobos para impedir la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

A la reunión no han acudido ni el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ni el comisario Ferran López, quien sí se reunió el sábado con el resto de miembros del dispositivo, han explicado a Europa Press fuentes conocedoras.

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, se encuentra también en la sede de la Delegación este domingo para seguir el operativo policial.

Trapero, mayor de los Mossos, será el primer alto funcionario de la Generalitat para quien la Fiscalía solicite la inhabilitación tras el 1-O, y que así sea apartado de inmediato del mando, si no cumple las órdenes “al pie de la letra”, según fuentes consultadas por OKDIARIO.

El comportamiento de los Mossos desde los disturbios previos al referéndum hasta el día de su celebración ha dejado en evidencia la lealtad de la policía autonómica a la hora de atajar el golpe secesionista.

Falta de lealtad ante el golpe

La Fiscalía apelará a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para solicitar al TSJC la inhabilitación de Trapero. La primera de ellas establece en el artículo 6 que “la Administración General del Estado y las demás administraciones públicas con competencias en materia de seguridad ciudadana se regirán, en sus relaciones, por los principios de cooperación y lealtad institucional, facilitándose la información de acuerdo con la legislación vigente y la asistencia técnica necesarias en el ejercicio de sus respectivas atribuciones”.

Añade que “todas las autoridades y funcionarios públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con su normativa específica, deberán colaborar con las autoridades y órganos a que se refiere el artículo 5 (Ministerio del Interior, Secretaría de Estado de Seguridad y Delegaciones del Gobierno), y prestarles el auxilio que sea posible y adecuado para la consecución de los fines relacionados en el artículo 3 (la protección de los derechos individuales, el normal funcionamiento de las instituciones, el respeto a la leyes y la utilización pacífica de los espacio públicos)”.