Rajoy usará el Senado y la Mesa del Congreso para congelar las contrarreformas de la oposición

Mariano Rajoy está decidido a gobernar, pero sabe que la XII Legislatura puede convertirse en un calvario imposible si los grupos parlamentarios deciden aliarse para no sólo impedirle sacar adelante los proyectos de ley que tramite el Ejecutivo, sino para hacer proposiciones de ley contrarias a su programa de Gobierno.

El pasado martes, el Pleno del Congreso se convirtió en un vía crucis para el Grupo popular, que se vio derrotado en tres votaciones, e incluso abandonado por su teórico socio, Ciudadanos. La Cámara Baja aprobó tres contrarreformas seguidas: reclamar la rebaja del IVA de los servicios veterinarios del 21% al 10% propuesta por Esquerra (177-132), instó al Gobierno a derogar la prisión permanente revisable a iniciativa del PNV (176-135) y reclamó paralizar la aplicación de la LOMCE en una PNL defendida por el convergente del Grupo Mixto Francesc Homs (175-133).

Esa experiencia ha motivado una serie de consultas impulsadas por Rajoy para recabar todos los informes jurídicos preceptivos que le permitan trazar una hoja de emergencias: la idea es, según las fuentes consultadas por OKDIARIO, utilizar los procedimientos legales y reglamentarios a su favor para evitar, o como mínimo dilatar lo más posible, la aprobación de leyes que no cuenten con el visto bueno popular.

El PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado, lo que le permitirá enmendar los textos que le lleguen y hasta vetarlos siempre que quiera. Pero la fuerza legislativa de la Cámara Alta en el sistema español es endeble y el Congreso puede eliminar por mayoría simple cualquier enmienda introducida en el Senado y por mayoría absoluta los vetos. No en vano el nuestro es un sistema bicameral imperfecto.

En el proceso legislativo español existen dos tipos vías, la del Proyecto de Ley, que parte del Gobierno, y la de la Proposición de ley, que parte de los grupos parlamentarios, de la Asamblea de una Comunidad Autónoma o de una Iniciativa Legislativa Popular –que precisa de 500.000 firmas que la avalen–. Aquí está el primero de los asideros a los que el PP podría agarrarse para dilatar un texto que considere pernicioso para los intereses de España.

Y es que las Proposiciones de Ley pasan dos filtros previos antes de ser tramitadas: la Mesa de la Congreso debe revisarlas para comprobar su legalidad y, después, el Pleno debe aprobar su toma en consideración. Hay que recordar que el PP y Ciudadanos tienen, juntos, mayoría absoluta en la Mesa del Congreso. Sus tres y dos puestos suman uno más que los dos socialistas y los dos de Unidos Podemos. El trámite de la Mesa, además, no está tasado en tiempos según el Reglamento del Congreso.

Por otro lado, el Gobierno debe dar su «conformidad» a la tramitación del texto, y uno de los criterios que cita el artículo 126 para que ésta no sea dada es que suponga un «aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios». El PP prevé que las iniciativas parlamentarias que le lleguen desde las bancadas de la izquierda ideológica pretendan hacer políticas «insostenibles», y más en el contexto de «ajustes» que impone Bruselas.

«La estabilidad, día a día»

El presidente en funciones tomó este fin de semana la palabra del actual líder de la gestora que rige los destinos del PSOE. Javier Fernández aseguró el pasado jueves que el Partido Socialista «puede consentir que Gobierne Rajoy, pero no está dispuesto a darle estabilidad». La argumentación del jefe del Gobierno asturiano es que «un Gobierno en minoría se gana su legitimidad día a día». Y Rajoy recogió el guante al día siguiente: «Me ganaré la gobernabilidad trabajando cada jornada por le diálogo y los intereses generales de España».

Ese espíritu de entendimiento es el que desean los populares que venga de la bancada socialista. Pero se temen que, en realidad, no dure mucho. El PSOE, antes o después, deberá empezar a sacar cabeza y ejercer una oposición que le permita pasar su desierto y llegar con fuerzas renovadas, primero a unas primarias, luego a un Congreso y después a unas elecciones que puede que no tarden cuatro años en llegar.

En tal caso, y cuando esto llegue, el Partido Popular y el Gobierno ya estarán preparados para defender procedimentalmente sus postulados. Porque otra de las vías que ya han identificado Moncloa y Génova para retrasar lo más posible los procedimientos legislativos de textos con los que no esté de acuerdo es la de los plazos de remisión de un texto al Senado.

Es otro de los agujeros legales que presenta el articulado reglamentario de la democracia parlamentaria española. Cuando un Proyecto de Ley, o una Proposición han de pasar de una Cámara a otra para su segunda lectura ni el Reglamento del Senado ni el del Congreso estipulan plazos concretos. Sólo el de la Cámara Alta prevé en su artículo 106 que el Senado tiene «un plazo de dos meses a partir del día de la recepción del texto» de un Proyecto o Proposición de Ley de parte del Congreso para devolverlo a la Cámara Baja aprobado, enmendado o vetado.

Pero nada se dice de los plazos que deba cumplir el presidente –en este caso, presidenta– del Congreso para remitir los textos al Palacio de la calle Bailén.

Obligaciones presupuestarias con Europa

Éstas son algunas de las fórmulas que, según las fuentes consultadas, ya tiene previstas Mariano Rajoy para parar o demorar cualquier reforma que quieran sacar adelante Podemos, sus confluencias y los socialistas. A iniciativa del presidente en funciones, se han recabado los estudios jurídicos y las fórmulas que le permitan alargar todos esos plazos. Y es que no son sólo motivos de conveniencia política del Grupo popular, sino cumplimiento de obligaciones comprometidas con la Comisión Europea.

De hecho, Bruselas le ha exigido al Gobierno que todo nuevo gasto que se presente vaya acompañado de su ingreso correspondiente. En un requerimiento muy similar a la potestad del Gobierno antes citada para no tramitar una Proposición de Ley, la Comisión Europea quiere atar en corto al Estado español: ya que no puede presentar una Ley de Presupuestos a causa del bloqueo institucional que dura ya casi un año, los comisarios quieren que si se presenta una modificación presupuestaria no aumente ni un céntimo la partida de gastos ni disminuya la de ingresos. Todo sin perjuicio de los ajustes ya requeridos y comprometidos –como la reforma del impuesto de Sociedades–  para evitar las sanciones que aún se tramitan.

De este modo, aunque Podemos hallara aliados suficientes para aprobar su Renta Básica, Bruselas no le permitirá esa modificación presupuestaria al Gobierno de España a riesgo de ver congelados los Fondos Estructurales y los Regionales en los próximos años.