Catalá reprocha al PSOE que en sus 22 años de Gobierno «no movió ni una baldosa» del Valle de los Caídos

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reprochado al PSOE que en 22 años en el Gobierno no moviera «ni una baldosa» del Valle de los Caídos después de las críticas de los socialistas al veto del Ejecutivo a la tramitación parlamentaria de su reforma de la Ley de Memoria Histórica.

Así se ha manifestado Catalá en la sesión de control en el Congreso después de que el diputado socialista Odón Elorza acusara al Ejecutivo del PP de «secuestrar» con sus vetos el papel legislativo de la Cámara Baja con la «complicidad» además, de Ciudadanos.

Elorza ha defendido su proposición de reforma de la Ley de Memoria Histórica porque busca la «reconciliación», «cerrar heridas» y la «dignidad democrática» de los republicanos que continúan sepultados en las cunetas «a miles».

Ha criticado además que el Ministerio de Defensa esté sufragando la repatriación de los restos de soldados de la División Azul, permita que se haga «apología del franquismo» y se oponga a que se cambie el nombre de algunas calles.

Una propuesta que costaría 200 millones

En su réplica, Catalá ha explicado que el veto del Ejecutivo se debe exclusivamente al coste económico de la propuesta, que obligaría al Estado a un desembolso superior a los 200 millones de euros en indemnizaciones y compensanciones a las víctimas de la dictadura.

También ha recordado que la repatriación de miembros de la División Azul la iniciaron gobiernos socialistas, no del PP, y ha abogado por seguir trabajando para superar la tragedia de la Guerra Civil y la dictadura, pero no desde el «enfrentamiento» y la «bilateralidad».

El pasado 28 de febrero, el Gobierno comunicó al Congreso su oposición a la tramitación parlamentaria de la proposición del PSOE de reforma de la ley de Memoria Histórica que, entre muchas medidas, propone exhumar los restos de Franco, sacarlos del Valle de los Caídos y convertir el monumento en un Centro Nacional de la Memoria.

La Constitución otorga al Gobierno la prerrogativa de vetar aquellas iniciativas legislativas que, a su juicio, afectan a los ingresos o gastos presupuestarios.

En este caso, el Ejecutivo calcula que el coste económico de la propuesta superaría los 200 millones de euros, en gran medida por la creación de un Banco Nacional de ADN para la identificación de víctimas y por la ampliación de las prestaciones e indemnizaciones para represaliados y presos del franquismo.