Los radicales dan instrucciones para grabar a los policías durante el 1-O

La organización radical de la izquierda independentista, ‘Alerta Solidaria’, ha distribuido instrucciones a sus militantes de cara al próximo domingo en las que se llama, por ejemplo, a grabar a la Policía y distribuir las imágenes por las redes sociales.

«Grabar a un funcionario público en espacios públicos no está ni puede estar prohibido», se especifica en el manual, en el que se añade, además que «no nos pueden requisar el móvil y si lo hacen es un delito».  «No tengáis miedo a grabar y compartir en las redes», se anima.

Ello, pese a que la Ley de Seguridad Ciudadana prohíbe expresamente la utilización de imágenes de fuerzas y cuerpos de seguridad que «pueda poner en riesgo la seguridad personal o familiar de los agentes».

Romper los precintos sin dejar rastro

En otro de los puntos se insta además a entrar en los centros de votación tras romper los precintos. Así, se trata de manipular la interpretación de la ley y se asegura que si bien «quien rompa un precinto policial comete un delito»-el de desobediencia-no así el que accede al edificio en cuestión una vez quebrantado porque, opinan, «no tiene por qué saber» si éste estaba precintado por orden judicial. Además, se avisa a quienes rompan los precintos para que no graben «la acción» ni la distribuyan por las redes sociales. «No hay que dejar constancia, así no podrán imputar nada», advierten.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó este miércoles a la Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional que impidan la utilización de locales o edificios públicos para la preparación de las votaciones y su apertura «procediendo en su caso al cierre de todos aquéllos que hubieran llegado a abrirse». Además, insta a los agentes a requisar todo el material relacionado con el referéndum que estuviera en estos locales o edificios.

«Desobediencia en masa»

En otro punto del texto, los radicales animan a incurrir en la «desobediencia en masa» porque consideran que, de esta forma, el delito no puede ser imputado. Además, animan a hacer «campaña política» con las posibles detenciones.

«Cuando el Estado persigue a una sola persona por un delito político, si ésta no está organizada, sucumbe durante el proceso y acaba doblemente condenada: a lo que diga la sentencia y a la soledad de saberse tratado injustamente», se lee en el texto.

«Cuando el Estado persigue a decenas de personas por un delito político surge la organización, la red solidaria. Se hace difusión del proceso penal y campaña política y los efectos perseguidos por la represión se invierten (…) las posibles condenas son asumidas colectivamente o son desobedecidas y la causa política que origina la acción de protesta se ve reforzada. Gana la libertad», añaden.

Además, consideran también que no se podrá imputar un delito de ‘sedición’ y llegan a comparar la protesta a favor del referéndum ilegal con las concentraciones en contra de los desalojos de ‘okupas’ y otras acciones llevadas a cabo por la organización. «En ningún caso se nos ha podido condenar por sedición, porque simplemente, el tipo penal no está pensado para las acciones que se lleven a cabo estos días».

Sin embargo, la Audiencia Nacional investiga ya si se dio este delito en los disturbios ocurridos en Barcelona durante las manifestaciones para «impedir por la fuerza» que la Guardia Civil llevase a cabo sus actuaciones en la operación ‘Anubis’, contra la cúpula organizadora del referéndum. En la demanda presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional se considera que en las concentraciones ante las consejerías se pretendía «impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones en defensa del ordenamiento constitucional».