España
Fiscalía General del Estado

¿Quién va a ser ahora el fiscal general del Estado tras la inhabilitación de García Ortiz y quién lo elige?

El teniente fiscal asume las funciones de forma interina, garantizando la continuidad de la institución

La inhabilitación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado ha abierto un escenario inédito en la historia democrática española. El Tribunal Supremo ha adoptado esta medida cautelar mientras investiga al máximo representante del Ministerio Fiscal por un presunto delito de revelación de secretos, relacionado con la filtración de datos del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión deja a la Fiscalía sin su máximo responsable en un momento de especial tensión política.

La elección del fiscal general del Estado está regulada por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y corresponde al Gobierno, específicamente al Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia. Sin embargo, este nombramiento requiere un trámite parlamentario previo que añade complejidad al proceso.

El candidato propuesto deber comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para exponer su programa de actuación y responder a las preguntas de los grupos parlamentarios. Aunque este trámite es preceptivo, no tiene carácter vinculante, lo que significa que el Gobierno puede proceder al nombramiento incluso si el candidato no obtiene el respaldo mayoritario de la Cámara.

Una vez superado el trámite parlamentario, el nombramiento se formaliza mediante Real Decreto del Rey, refrendado por el presidente del Gobierno. El cargo tiene una duración de cinco años, aunque puede cesar antes por renuncia, incapacidad o por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso.

Diversos nombres suenan con fuerza para ocupar el puesto. Entre los perfiles que se barajan destacan fiscales de reconocida trayectoria profesional, algunos con experiencia en puestos de responsabilidad dentro de la carrera fiscal, como fiscales de Sala del Tribunal Supremo o fiscales jefes de distintas comunidades autónomas.

La elección del nuevo fiscal general será observada con lupa, no sólo por su importancia institucional, sino también por el contexto político en el que se produce. El Gobierno de Pedro Sánchez deberá buscar un perfil que combine autoridad profesional, independencia y capacidad de gestión, en un momento en que la credibilidad de la institución se encuentra cuestionada desde distintos sectores.

Mientras se produce el nombramiento del nuevo titular, la Fiscalía General del Estado no queda acéfala. El teniente fiscal asume las funciones de forma interina, garantizando la continuidad en el funcionamiento de la institución. Esta figura, que ocupa el segundo puesto en la jerarquía del Ministerio Fiscal, tiene la responsabilidad de mantener la actividad ordinaria hasta que se produzca el relevo definitivo.