Por qué hay que botar a Pedro Sánchez, quedan 30 días: los trenes que no cabían por los túneles

• Patricia Rodríguez @prodriguezg
• Directora adjunta en OKDIARIO.
• • 30/10/2026 09:18
  • Actualizado: 30/10/2026 09:18

El Gobierno de Pedro Sánchez afrontó en febrero de 2023 uno de sus mayores escándalos ferroviarios cuando se conoció que Renfe había encargado 31 trenes para Cantabria y Asturias cuyas dimensiones eran incompatibles con algunos de los túneles por los que debían circular. Un error en las especificaciones técnicas que obligó a rediseñar los convoyes, retrasó durante años la renovación de la flota y terminó provocando un sobrecoste de 19,4 millones de euros.

La polémica estalló a comienzos de febrero de 2023, cuando trascendió que los nuevos trenes destinados a las líneas de ancho métrico, las antiguas FEVE, no cumplían las medidas necesarias para circular por determinados tramos. De los 31 convoyes contratados, 21 estaban destinados a Cantabria y otros 10 a Asturias.

El contrato había sido adjudicado en junio de 2020 a la empresa CAF. Sin embargo, Renfe había establecido unas dimensiones que resultaban incompatibles con la infraestructura ferroviaria existente. El error fue detectado antes de comenzar la fabricación, por lo que no llegó a construirse ningún tren con las medidas equivocadas.

Lo que inicialmente parecía un fallo técnico terminó convirtiéndose en una crisis política para el Ministerio de Transportes, entonces dirigido por Raquel Sánchez. El escándalo provocó el cese de dos responsables de Renfe y Adif y, el 20 de febrero de 2023, las dimisiones del presidente de Renfe, Isaías Táboas, y de la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera.

Renfe conocía el error desde 2021

La gravedad del caso quedó reflejada posteriormente en un informe del Tribunal de Cuentas publicado en mayo de 2026. El organismo fiscalizador determinó que Renfe conocía desde febrero de 2021 que los gálibos exigidos en el contrato eran imposibles de aplicar a las vías existentes.

Además, concluyó que la compañía pública podría haber obtenido las dimensiones correctas consultando sus propias bases de datos y que tampoco solicitó previamente la información necesaria a Adif.

El Tribunal de Cuentas calificó esta actuación como una «significativa falta de diligencia» y señaló que Renfe, en lugar de resolver el contrato, formalizó en noviembre de 2024 una modificación contractual que el organismo consideró «no ajustada a derecho».

El informe cifró en 19,4 millones de euros el sobrecoste derivado de esta modificación, un 11,9% más respecto al importe inicial del suministro.

De prometer los trenes en 2024 a retrasarlos hasta 2028

Las consecuencias también afectaron al calendario. Los primeros trenes debían comenzar a entregarse a mediados de 2024. Tras conocerse el error, el Ministerio de Transportes anunció en febrero de 2023 que trabajaba para que las nuevas unidades estuvieran circulando en 2026.

Sin embargo, el calendario recogido en el informe del Tribunal de Cuentas de mayo de 2026 situó las entregas entre julio y noviembre de 2028, cuatro años después del plazo inicialmente previsto.

Aunque el Ejecutivo defendió cuando estalló el escándalo que no se había fabricado ningún tren defectuoso ni malgastado dinero público, la posterior fiscalización confirmó que la modificación del contrato había generado un importante sobrecoste.

Así, un fallo en la contratación ferroviaria durante el Gobierno de Pedro Sánchez terminó provocando dimisiones, millones de euros adicionales y años de retraso en la llegada de los nuevos trenes a Cantabria y Asturias.