Que los CDR luego no se hagan las víctimas: sabotear el Consejo de Ministros está penado con la cárcel

El separatismo se ha movilizado contra la celebración del Consejo de Ministros del viernes en Barcelona amparado por las fuerzas políticas que lo representan y por otras que, como Podemos, legitiman este intento de coacción como un ejercicio de la libertad de manifestación. Sin embargo, todas las acciones que han sido anunciadas por el activismo separatista acarrean penas de prisión.

Unos, como la ANC (Asamblea Nacional Catalana), llaman a colapsar la ciudad con una utilización multitudinaria de coches; otros, como los CDR (Comités de Defensa de la República), proponen romper semáforos para sembrar el caos; los más atrevidos, los GAAR (Grupos de Autónomos de Acción Rápida), pretenden cortar el AVE, la AP-7 y otras vías de comunicación y sectores estratégicos. Han llegado a tildar la jornada como «la batalla de Barcelona». Todas las acciones que traten de obstaculizar la libre reunión del Gobierno en Consejo de Ministros están castigadas con penas de cárcel.

Luego se harán las víctimas de la represión policial. Pero la pretensión de los CDR y otros radicales del independentismo está contemplada por la ley. Según el artículo 503 del Código Penal, serán castigados con pena de prisión de dos a cuatro años «los que invadan violentamente o con intimidación el local donde esté constituido el Consejo de Ministros».

Aunque no hay que llegar a la invasión para acabar en la cárcel. Se arriesgan a penas de entre dos y cuatro años aquellos que «coarten o por cualquier medio pongan obstáculos a la libertad del Gobierno reunido en Consejo de Ministros».

Y como la algarada separatista que se ha organizado para recibir con flores al Ejecutivo de España, los participantes en la protesta deberían conocer que, según el artículo 504, «incurrirán en la pena de multa de doce a dieciocho meses los que calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación».

La preocupación por el desarrollo del Consejo de Ministros en Barcelona es máxima. De ahí que se haya organizado un dispositivo policial sin precedentes. Unos 750 policías antidisturbios pertenecientes a 15 grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y otros 200 guardias civiles del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) han comenzado en las últimas horas a desplazarse a Cataluña en comisión de servicios para participar junto a los Mossos d’Esquadra en el dispositivo.

Los casi 1.000 agentes de ambos cuerpos han comenzado a desplazarse desde diferentes puntos de la geografía española para un dispositivo que, de acuerdo a las comunicaciones internas, comienza este 19 de diciembre y concluye el 23 de diciembre.