Pumpido no quiere acabar como García-Pelayo: maniobra para que su voto no sea decisivo en la amnistía

El Tribunal Constitucional se encuentra en un momento crítico mientras aborda el análisis de la Ley de Amnistía, con su presidente, Cándido Conde-Pumpido, enfrentando varios dilemas que evocan precedentes históricos delicados. Fuentes cercanas al tribunal de garantías revelan a OKDIARIO que existe una preocupación latente por evitar escenarios que recuerden al caso  del primer presidente del Constitucional, Manuel García-Pelayo, que decidió exiliarse voluntariamente a Venezuela tras cargar con la responsabilidad de haber sido el voto de calidad en un caso tan controvertido como el de Rumasa, una experiencia que marcó profundamente la historia del tribunal.

El precedente de García-Pelayo pesa especialmente en el ánimo del actual presidente. Aquel primer presidente del Constitucional, que ejerció el cargo entre 1980 y 1986, vio cómo su voto de calidad en el caso Rumasa se convertía en una carga que le acompañaría hasta su fallecimiento, por una trombosis en un exilio autoimpuesto en Caracas, tras años recluido en casa. Resolvió a favor del Gobierno del momento y en contra del recurso de Alianza Popular que impugnaba el real decreto ley sobre la polémica expropiación de Rumasa. Esta experiencia histórica parece haber influido en la determinación de Pumpido de buscar un consenso mínimamente amplio y evitar que las decisiones cruciales dependan de un único voto.

Pumpido, consciente del peso histórico de la decisión sobre la amnistía, que fracturó a la sociedad española, busca evitar convertirse en el voto decisivo del tribunal. Por ello, ha impulsado a toda costa la recusación del magistrado José María Macías en los asuntos relacionados con la ley de amnistía.

Hasta ahora, las decisiones críticas se toman por siete votos a favor de los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez, frente a cuatro de magistrados contrarios. Ahora, con la incorporación de Macías, el resultado sería de siete a cinco. No obstante, en el bloque izquierdista se ha abstenido voluntariamente Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia que dejó por escrito que la amnistía era inconstitucional. Por tanto, el balance queda seis a cinco. En ese escenario cada voto es básico y el voto de calidad de Pumpido, aún más.

El actual presidente del Constitucional podría inclinar la balanza y provocar un giro en el curso de la Justicia en España. Es por ello que ha promovido la expulsión de Macías, que deja los bloques en seis a cuatro. Esto permite que no tenga todo el peso de la responsabilidad, ya que su bloque tiene una mayoría de dos votos.

El presidente en el Constitucional siempre es el último en pronunciarse en los plenos y Pumpido no quiere que llegue ese momento con una división de un cinco a cinco. Frente a un 5 a 4 es más cómodo para él situarse en el bloque mayoritario y cerrar la deliberación con un seis a cuatro.

La recusación de Macías se ha ejecutado incumpliendo la doctrina previa del Constitucional. Esto ha provocado la reacción de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular, que ha recurrido el auto por considerarlo «irregular y arbitrario».

La maquinaria está en marcha. La ponencia sobre el recurso de inconstitucionalidad del PP ha pasado a manos de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, quien ya ha solicitado la creación de un grupo de trabajo para elaborar un primer borrador de sentencia.

Temor por el TJUE

Por otra parte, otro precedente que influye sobremanera en la cabeza de Pumpido es el caso Melloni, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) marcó límites claros en materia de garantías procesales. España realizó una consulta sobre ese caso y salió trasquilada, ya que Europa respondió favoreciendo al Derecho comunitario frente al español.

Ese caso planea aún sobre las deliberaciones actuales. El TJUE estableció que se podía entregar a un reo sin su presencia en sala. Las instituciones europeas no dudaron en «leer la cartilla» al Constitucional y es una situación crítica que el actual Constitucional español quiere evitar a toda costa con la Ley de Amnistía.

Fuentes pulsadas por esta redacción subrayan que el fantasma de Europa sobrevuela cada decisión del tribunal. La experiencia del caso Melloni ha dejado una profunda huella en la institución española. El temor a un nuevo correctivo europeo influye en la estrategia y el enfoque jurídico que se está adoptando.

Grupo de trabajo

Pumpido quiere agilizar los procedimientos para que la Ley de Amnistía se estudie en los próximos meses. Quiere evitar que las recusaciones se conviertan en una táctica dilatoria. Por ello se busca estandarizar las respuestas a peticiones de recusaciones mediante un sistema de «copiar y pegar».

La maquinaria constitucional ya está en marcha, con un grupo de seis letrados trabajando contra reloj en el primer borrador de la sentencia. Se les ha dado un plazo orientativo de entre dos y tres meses para emitir su informe.

La complejidad del asunto se multiplica por la cantidad de recursos presentados: un total de 15 recursos de inconstitucionalidad y cuatro cuestiones de inconstitucionalidad, incluyendo la formulada por el Tribunal Supremo. El magistrado del bloque a la derecha Ricardo Enríquez está a cargo de esta última.

En paralelo, se tramitarán los recursos de amparo presentados por potenciales beneficiarios de la amnistía. El próximo pleno estudiará los casos de Junqueras, Romeva y Bassa, que cuestionan la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fueron condenados en el proceso del 1-O.