Puigdemont exige a Illa la escolta que le retiró Marlaska y que le corresponde como ex president

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha transmitido sus «exigencias» y sorprendido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recordando la «escolta» de seguridad que le fue retirada en 2018, a instancias del Gobierno español. Puigdemont considera que es un reconocimiento que corresponde a todo ex presidente de la Generalitat de Cataluña, amén de un despacho y asistente, gastos por transportes y organización de conferencias y eventos, con un límite total de 60.000 € anuales.

Según fuentes de Junts, una vez aprobada la Ley de Amnistía y validada por el Tribunal Constitucional, el ex presidente y su entorno entienden que debería mantener el mismo trato y reconocimiento que todo ex presidente y que debería recuperar la escolta de Mossos d’Esquadra que le fue retirada en 2018 por orden del Ministerio del Interior después de que un informe de la Abogacía del Estado dictaminase que no era ya autoridad del Estado y que, además, su situación de «prófugo» de la Justicia española suponía una seria contradicción, puesto que el responsable policial, más que escoltarlo debería proceder a su detención, en cumplimiento de la orden de busca y captura que sobre él pesa.

Quien entonces era presidente de la Generalitat, Quim Torra, lejos de rebelarse ante la orden del ministerio de Fernando Grande-Marlaska, procedió a retirar del servicio de escoltas al Mosso d´Esquadra que le acompañó en su célebre fuga a Waterloo, aunque solicitó un informe jurídico a los servicios de la Generalitat, que concluyeron lo contrario: que era perfectamente posible e incluso necesario que mantuviese su escolta.

Sin embargo, Torra prefirió desoír a sus servicios jurídicos y cumplir «estrictamente» con la legalidad. Precisamente por este episodio, el responsable de Interior del Gobierno catalán en aquella época en la que Puigdemont huyó con su escolta, Miquel Buch, fue juzgado y condenado a cuatro años y medio de prisión y 20 de inhabilitación, por ser el alto cargo responsable de aquel servicio de escolta que «colaboró» con la fuga de Puigdemont y se mantuvo en Waterloo hasta 2018, cuando el Ministerio del Interior instó al fin de esta anómala situación.

Buch ha sido recientemente amnistiado gracias a la aplicación de esa Ley de Amnistía que hoy sirve a Puigdemont para reivindicar el retorno de aquel servicio del que fue privado.

La escrupulosa posición de Torra –que buena parte del independentismo entendió que tenía que ver con su pánico a acabar en prisión- provocó incluso una ruptura de relaciones temporalmente con Puigdemont, pero el líder de Junts no ha olvidado ni aquellos tiempos en los que le acompañaba un mosso d´Esquadra, ni el informe elaborado por los servicios de la Generalitat.
Según fuentes de la formación independentista, «es un tema que Puigdemont lleva entre ceja y ceja» y ahora espera que Salvador Illa, en su calidad de presidente, lo repare, como muestra de su anunciada buena voluntad y sus ganas de avanzar en lo que el propio Illa considera la «amnistía política», que es el reconocimiento en el que se enmarca este encuentro en Bruselas entre presidente y expresidente.

Por lo demás, poco ha trascendido del contenido de la reunión y, para colmo, las versiones ofrecidas por parte de unos y otros no coinciden.

Si bien fuentes del socialismo catalán aseguran que la reunión Puigdemont-Illa es un primer paso la normalización que, además, puede servir para desencallar el posible apoyo de Junts a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), desde de la formación independentista niegan que haya nada que hablar con Illa de las cuentas públicas y precisan que el emisario de Pedro Sánchez «llega tarde» y a rastras», después de que el ex secretario de organización, Santos Cerdán fuese encarcelado y de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero haya tenido también otro encuentro con el expresidente, considerado «escasamente satisfactorio» por el entorno de Puigdemont.