PSOE, Podemos y los separatistas tumban la ley del PP para penar con cárcel los referéndums ilegales
El Pleno del Congreso ha rechazado este martes por mayoría absoluta la proposición de ley de modificación del Código Penal impulsada por el PP para castigar con penas de tres a cinco años de cárcel a quien convoque un referéndum ilegal.
En la votación, los ‘populares’ sólo han sumado el apoyo de Ciudadanos y de sus socios electorales de Foro Asturias y UPN, mientras que el resto de formaciones de la Cámara, incluyendo el PSOE, Unidos Podemos, PNV, Coalición Canaria y los independentistas catalanes, han votado en contra.
Los ‘populares’ registraron esta iniciativa a finales del pasado mes de septiembre, a pocos días del primer aniversario del 1-O, pero decidieron someter esta propuesta a debate del penúltimo Pleno del Congreso, en pleno juicio por la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
Los ‘populares’ se han llevado multitud de reproches de todos los grupos parlamentarios, incluido Ciudadanos. Todos le han acusado de haber presentado esta iniciativa por puro cálculo electoral y de estar más preocupados de avivar la crisis con Cataluña que de buscar una salida dialogada.
Con todo, al margen de la Cámara la hubiese tomado en consideración el texto de los ‘populares’, éste no habría prosperado ya que las Cortes se disolverán el 5 de marzo con motivo del adelanto de las elecciones generales.
Educación segregada
Además, el Congreso ha rechazado con los votos en contra del PP y la abstención de PSOE y Ciudadanos, una moción de Unidos Podemos con medidas para eliminar la «creciente» segregación del sistema educativo español.
Se trata de una iniciativa consecuencia de una interpelación urgente que el grupo confederal dirigió a la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, en el último Pleno de 2018, para pedirle información sobre el proyecto de ley que estaba preparando y que, finalmente, aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes.
El portavoz de los ‘morados’ en materia de Educación, Javier Sánchez Serna, ha lamentado que esta norma «se quede durmiendo el sueño de los justos» por no llegar a tiempo para su tramitación y ha criticado que, a pesar de que se pidió a Celaá que derogara la LOMCE por decreto, esta no haya contemplado esta posibilidad y ahora la conocida como ‘Ley Wert’ llegue activa a la próxima legislatura.
Una de las situaciones que, según Unidos Podemos, más se ha visto afectada por la ley educativa del PP, es la segregación del alumnado y, principalmente, por razones de sexo, religión, socioeconómicas y lingüísticas, según el partido de Pablo Iglesias.
Sánchez Serna ha nombrado estudios que determinan que el 46% de los centros españoles acogen a los alumnos más vulnerables, lo que, a su juicio, demuestra que España no tiene una educación «equilibrada», ya que, además, uno de cada diez de estos alumnos acude a un colegio privado o privado subvencionado.
«Los alumnos con necesidades especiales están concentrados en los mismos colegios, pero no tienen concentrados en ellos los recursos», ha denunciado el diputado, quien ha señalado que esta situación hace más difícil atender a los alumnos, quema a los profesionales y supone que la educación pública sea poco atractiva para las familias con más alto poder adquisitivo.
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