PSOE y Podemos rechazan en el Congreso agilizar los desalojos y endurecer las penas para los okupas
La proposición no de ley de Ciudadanos fue respaldada por PP y Vox a través de una enmienda transaccional
La okupación sube un 5% desde la investidura de Sánchez y en sólo medio año
El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves con los votos de PSOE, Podemos y sus socios de investidura -salvo JuntsxCat y PNV que se han abstenido- una proposición no de ley (PNL) de Ciudadanos, respaldada por PP y Vox a través de una enmienda transaccional, que pedía al Gobierno agilizar los desalojos y endurecer las penas para los ‘okupas’.
Ciudadanos, PP y Vox instaban al Gobierno en primer lugar a diseñar mecanismos legislativos para que los casos de ocupación ilegítima o usurpación se puedan resolver a través de un proceso sumario que permita recuperar la vivienda, el inmueble o el edificio «en menos de 12 horas».
Así mismo, los firmantes de la transaccional apostaban por reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las demandas que busquen el lanzamiento o desalojo se decidan en un juicio verbal y que el tribunal acuerde la «recuperación inmediata» del inmueble por parte del demandante, así como que los delitos de usurpación puedan ser objeto de enjuiciamiento rápido, informó Ep.
Además, la enmienda transaccional proponía modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para que, ante «indicios suficientes» de que la vivienda se usa para la comisión de delitos graves y flagrantes, las fuerzas policiales puedan proceder a la entrada, registro, identificación y desalojo de los ocupantes y se restituya en la posesión al legítimo propietario.
Junto a ello, Ciudadanos, PP y Vox planteaban también una reforma del Código Penal fin de endurecer las penas de prisión para los ‘okupas’, pasando de uno a tres años para el delito de usurpación y de cuatro a seis años cuando se cometa con violencia o intimidación. Si las conductas se realizaran con fuerza en las cosas, pedían que las penas se incrementaran en un grado.
Los tres partidos incluían otro punto para «asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia en situaciones de vulnerabilidad, en particular, habitacional». En este contexto, reclamaban flexibilizar los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual.
En última instancia, el texto exigía reforzar los servicios municipales de atención social para atender a los colectivos vulnerables, evaluar la conveniencia de que el Fondo Social de Vivienda adquiera carácter definitivo y crear un Portal de las Ayudas a la Vivienda donde todas las Administraciones publiquen las convocatorias de ayudas a la vivienda.
Una «lacra»
En el debate celebrado el pasado martes en el Congreso, Ciudadanos, el PP y Vox coincidieron en que la ‘okupación’ es una «lacra» en España y que en muchos casos está organizada por «mafias». Además, argumentaron que la ley actual deja desamparados a los dueños de las viviendas y que proteger a colectivos sociales vulnerables no es incompatible con defender la propiedad privada. En su caso, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, que defendió la iniciativa, subrayó que «la okupación amarga la vida a miles de familias españolas, pero la izquierda se niega a ver el dinosaurio dentro de la habitación».
En cambio, el PSOE esgrimió que no puede cundir en los ciudadanos el «temor» a que otras personas ocupen ilegalmente su primera o segunda vivienda. Tampoco Unidas Podemos y Esquerra Republicana (ERC) compartieron la posición defendida por Ciudadanos, PP y Vox, a quienes acusaron de magnificar el fenómeno de la ocupación para generar «miedo» a la población, y señalaron que el verdadero problema son los fondos buitre y la especulación inmobiliaria, que dificultan el acceso a la vivienda, recogió Ep.
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