PSOE, PNV y Podemos garantizan el control de los medios en el nuevo Estatuto vasco

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 03/12/2019 06:48
  • Actualizado: 03/12/2019 09:52

El texto conjunto de PNV, PSOE y Podemos para la reforma del Estatuto del País Vasco avala, en uno de sus artículos, la vigilancia a los medios para «detectar noticias generadoras de brechas sociales».

Así se recoge, en concreto, en el artículo relativo a la ‘Libertad de información y derechos en la sociedad de la información’, en uno de cuyos puntos los partidos firman que «los poderes públicos vascos fomentarán el acceso a la sociedad de la información y garantizarán su seguridad, velando, asimismo, por la detección de noticias generadoras de brechas sociales».

Se añade, además, que «los medios de comunicación de titularidad pública garantizarán la pluralidad lingüística» y que «los poderes públicos fomentarán el derecho de la ciudadanía a acceder en euskera a publicaciones periódicas, programaciones de radio y televisión y de cualquier otro medio de comunicación social».

La redacción, que sugiere la vigilancia de las autoridades públicas a los medios de comunicación, sin explicitar su titularidad, con el objetivo de fiscalizar sus contenidos, no es rebatida por ninguno de los expertos de estos grupos.

La propuesta de Estatuto vasco pactada por PNV, PSOE y Podemos desarrolla por primera vez una ambiciosa protección de derechos de los ciudadanos, dedicando, entre otros, un artículo específico a las minorías, discapacitados o las mujeres.

En el capítulo segundo, relativo a ‘Derechos sociales’, se incluyen, por ejemplo, el derecho a la vivienda, a la educación, la salud, la vida familiar, a un medioambiente saludable o a la cultura.

Víctimas

El PSOE sí discrepa con PNV y Podemos en lo relativo a los derechos de las personas privadas de libertad. En este punto, los nacionalistas y el partido de Pablo Iglesias obligan a los poderes públicos a «garantizar que las personas privadas de libertad disfruten del ejercicio de todos los derechos que no hayan sido expresamente limitados por resolución judicial».

Esa «garantía», se explica, «incluirá su arraigo social, familiar y cultural y el cumplimiento de las condenas en el centro penitenciario más próximo a su lugar de residencia». «Se promoverán los acuerdos necesarios para que las personas privadas de libertad que cumplan condena en centros ubicados fuera del territorio de Euskadi lo hagan en éste, en los centros más cercanos a su domicilio», añade el texto. El experto designado por el PSE, Antonio López Basaguren, propone la supresión del artículo, no porque discrepe del contenido, sino por considerar que «no tiene relevancia» para incorporarse al Estatuto.

El borrador conjunto de PNV, PSOE y Podemos para la actualización del Estatuto vasco recoge también, como publicó OKDIARIO, un trato equitativo a «todas las víctimas», igualando así a asesinados por ETA y a los proetarras que denuncien haber sufrido maltrato por parte de las Fuerzas de Seguridad y a quienes el Gobierno vasco ya amparó con la polémica ‘Ley de abusos policiales’. 

El texto establece el compromiso de «reconocer a las víctimas el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación» y añade que «los poderes públicos vascos garantizarán el reconocimiento y la atención integral de todas las víctimas velando por la salvaguarda de la memoria de aquellas que hayan sufrido vulneración de derechos humanos».

El artículo da continuidad al ambiguo discurso que sirve al Gobierno vasco para avalar el reconocimiento de las presuntas víctimas de actuaciones de Policía y Guardia Civil, en un intento por blanquear el terrorismo. Algo que ha sido muy criticado por asociaciones y partidos de la oposición.