El PSOE pone a cargos suyos en el tribunal de selección de empleados públicos extremeños

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 27/01/2022 06:48
  • Actualizado: 27/01/2022 06:48

Nuevo escándalo de enchufismo en Extremadura. Y, en este caso, con aspecto a nepotismo a gran escala: el PP en la Diputación de Cáceres ha pedido ya la paralización de los procesos selectivos de personal público ante la modificación de los tribunales encargados de esta selección en dos procesos concretos que afectan a Técnicos de la Administración General y a Técnicos de Gestión de la Administración General. La modificación citada había sentado a cargos socialistas en puestos decisivos de esos procesos de selección.

El diputado Popular, Álvaro Merino, explica que “en ambos casos el Presidente del tribunal era el anterior Director de Medio Ambiente y Concejal del PSOE en Brozas, Santiago Olivenza”. Merino señala que “no es ético ni justificable que un concejal socialista esté al frente de un tribunal de selección”.

Los ‘populares’ han pedido, además, al PSOE que aclare una información: si es cierto que han existido discrepancias internas sobre la custodia de los exámenes y que ése ha sido el factor que ha llevado a la dimisión de dos miembros del tribunal.

Por todo ello, el PP ha instado al presidente de la Diputación a que “no pierda un solo día más y abra una investigación por varios motivos y por la gravedad de la situación, porque ni la institución puede seguir manchándose con las nefastas y dudosas actuaciones que los socialistas siguen llevado a cabo, ni los ciudadanos pueden tener menos oportunidades ni derechos por no ser afines a un partido político».

Por si fuera poco, el PP ha presentado ante la Justicia una demanda contencioso-administrativa por la consolidación de niveles del personal directivo de la Diputación de Cáceres de dos cargos: en concreto, del director del Área de Presidencia y Hacienda y del director del Área de Personal.

Ya en 2019, el portavoz de los ‘populares’ en la institución provincial, José Ángel Sánchez Julia, denunció que en octubre de ese año se conocieron las resoluciones del presidente de la Diputación por las que se les concedía la consolidación de niveles a ambos directivos, nivel 26 para el director de Presidencia y Hacienda y nivel 29 para el director de Personal.

El PP presentó por aquellas fechas un recurso de reposición porque entendía que estas dos resoluciones vulneraban la Ley de Función Pública de Extremadura, que en su artículo 25.2 dice textualmente «que en ningún caso las retribuciones de personal directivo pueden tener carácter consolidable», un aspecto introducido en el año 2015 por el Gobierno regional del PP.
«Esto tenía un sentido muy claro: que nadie se aprovechase de los cargos directivos, cargos de libre designación, para consolidar derechos como funcionario que pudieran disfrutar una vez cesado del puesto», subraya el portavoz ‘popular’.

El PP estaba ya sobre la pista de este tipo de comportamientos en Extremadura. De hecho, llevó ante notario en 2019 los nombres de las personas que los ‘populares’ sospechaban que iban a ocupar algunos de los puestos de las oposiciones que se habían convocado y cuyas bases ellos consideraban ya por aquellas fechas que «estaban hechas a medida de esas personas».

Concretamente, el PP se refirió a las plazas de periodista, técnico superior en Economía, técnico de Medio Ambiente y delegado de protección de datos, que habían sido convocadas y en cuyo proceso selectivo de oposiciones estuvo inmersa la diputación cacereña.

Borrega calificó ya entonces ese proceso selectivo de «sospechoso», ya que, por ejemplo, en la plaza de periodista, en la fase de oposición, la aspirante número 1 tuvo una nota de 8,3, la segunda un 5,7 y el resto, hasta veinte, suspendieron. «La persona que sacó la mejor nota era la jefa del Gabinete de Prensa de la Diputación de Cáceres y la jefa de prensa del PSOE durante años»subrayó ya entonces Borrega.