El PSOE defendió el CETA como antídoto contra Trump y beneficio para «los más desfavorecidos»

• Agustín de Grado @a_degrado
• Madrid
• Subdirector y responsable del Área Política en OKDIARIO. Antes jefe de área en ABC, subdirector en La Razón y director de Informativos en Telemadrid.
• • 26/06/2017 19:33
  • Actualizado: 26/06/2017 20:41

La permanente de la Ejecutiva Federal del PSOE ha certificado este lunes el giro de 180 grados en la posición del partido respecto al acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés), ratificado hace unos meses por el Parlamento Europeo con el voto de los propios diputados del PSOE.

Para realizar la transición del «donde dije digo, digo diego…», la nueva dirección del PSOE ha redactado un documento de seis folios. Varias son las razones que esgrime la nueva dirección socialista para pasar el ‘sí’ a la abstención en la ratificación de un Tratado que el PSOE defendió en el Parlamento Europeo como un antídoto contra Trump y el proteccionismo que «perjudica a los que menos tienen».

Sin arbitraje privado y con jueces públicos

La primera de ellas es la forma que se ha elegido para la resolución de las disputas a través de la «Investors Court System» (ICS), que es un sistema «semipúblico» de arbitraje al que, según el PSOE, tendrán un «acceso desigual las instituciones y los ciudadanos europeos o canadienses frente a las grandes empresas y los grandes inversores extranjeros (sin olvidar que debido al NAFTA, las empresas estadounidenses podrán concurrir también a través de Canadá)».

Los socialistas admiten que el CETA reconoce a los Estados el derecho a regular, pero también incluye el «derecho a compensar a los inversores y empresas extranjeras cuando una regulación pública cambia, y puede potencialmente perjudicarles en el futuro».

Sin embargo, cuando el PSOE apoyó el tratado con Canadá, su portavoz, la eurodiputado Inmaculada Rodríguez-Piñero, se felicitó por por que los socialistas hubieran logrado la eliminación del sistema de arbitraje privado y la creación, en su lugar, del Sistema de Tribunales de inversiones basado en jueces, elegidos públicamente, sujetos a un estricto régimen de incompatibilidades y códigos de conducta para la resolución de conflictos entre inversores y estados.

Salvaguarda de las políticas públicas

El documento aprobado por la nueva dirección de Pedro Sánchez asegura que los principios y el sistema recogidos en el CETA pueden actuar como «freno» para las políticas públicas futuras a todos los niveles -nacional, autonómico y local- ya que establecen un «precio potencial, en forma de litigios e indemnizaciones, a las decisiones democráticas y soberanas de cambio en las políticas públicas, si éstas perjudican las expectativas de beneficios futuros de los inversores extranjeros».

Por el contrario, la eurodiputada Rodríguez-Piñero destacó la exclusión clara de los servicios públicos como el agua, la sanidad, los servicios sociales o la educación, “salvaguardando el derecho de las autoridades nacionales a decidir el modo en que se financian, se organizan y se prestan los servicios”.

Derechos laborales y medioambientales garantizados

En los seis folios de justificación para el giro sobre el tratado, la nueva dirección socialista asegura que «el CETA se ha construido protegiendo sobre todo y ante todo estableciendo salvaguardias para las empresas, pero no para los derechos laborales o medioambientales». Y recuerda que en las 1.600 páginas del Tratado se establecen miles de normas para defender el comercio, las inversiones y los derechos de las compañías transnacionales, frente a uno cuantos apartados para regular, de manera voluntaria y sin exigibilidad jurídica otros aspectos como los aspectos laborales. Precisa, en este sentido, que una violación de éstos por parte de una empresa sólo derivaría en un proceso «no vinculante de discusiones y recomendaciones».

Sin embargo, cuando su eurodiputada defendió el acuerdo de la UE con Canadá en el Parlamento Europeo, Rodríguez-Piñero aseguró que el CETA “no rebajará nuestras leyes y reglamentos relacionados con la seguridad alimentaria, la seguridad de los productos, la protección del consumidor, la salud, la seguridad en el trabajo o el medioambiente». En este último punto, Rodríguez-Piñero destacó que el CETA compromete a la UE y a Canadá a proporcionar e incentivar altos niveles de protección del medioambiente e incluye compromisos para cooperar en cuestiones medioambientales relacionadas con el comercio que sean de interés común, como el cambio climático.

Globalización regulada

La resolución de la nueva dirección socialista concluye el documento de seis folios asegurando que no se trata de un Tratado «equilibrado» que propicie la apertura comercial al mismo tiempo que salvaguarde los derechos laborales, medioambientales y respete los sistemas judiciales de los que se ha dotado «democráticamente tanto España como Europa».

Antes de votarlo en el Parlamento Europeo, la portavoz socialista manifestó: “Quienes estamos convencidos de que una buena regulación económica permitirá repartir mejor las enormes ganancias de la globalización, reduciendo la brecha de renta y oportunidades entre los ganadores y perdedores, hoy tenemos motivos para sentirnos satisfechos, porque el CETA va en esta dirección”.

«Yo sinceramente creo que el CETA es el acuerdo más avanzado de los que ha hecho la Unión Europea, mucho. No es un peligro para el comercio europeo, ni para los estándares laborales ni sociales ni medioambientales», declaró Sergio Gutiérrez, secretario general de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo, en una entrevista publicada por ‘El Socialista’, el periódico oficial del PSOE.