La primera regularización de Juan Carlos I: 678.000 euros por el uso de tarjetas opacas

El Rey Juan Carlos ha presentado una segunda regularización fiscal voluntaria ante Hacienda mucho más cuantiosa que la primera, que fue por valor de  678.393,72 euros. Esta segunda declaración es de cuatro millones de euros.

La primera declaración voluntaria del Rey Juan Carlos , que se conoció el 9 de diciembre del año pasado, ha sido analizada por Hacienda para decidir si la aceptaba o solicitaba aclaraciones anexas, así como el importe a pagar por el Rey emérito, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su respuesta

Según informó el despacho del abogado Javier Sánchez-Junco, que ejerce la defensa de Don Juan Carlos, éste le ha dio instrucciones «para que haga público que ha procedido a presentar ante las Autoridades Tributarias competentes, una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 € incluyendo intereses y recargos».

Tarjetas opacas

El pago guardaba relación con el uso por parte del Rey Juan Carlos y de algunos de sus familiares de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krauseno. Como se recordará, el caso del uso de estas tarjetas está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

El uso de las tarjetas se produjo entre 2016 y 2018, cuando Don Juan Carlos había abdicado y perdido la inmunidad.

En noviembre, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto mediante el cual la Fiscalía del Tribunal Supremo asumía una nueva investigación sobre el Rey emérito que había sido iniciada por Anticorrupción. Se investiga a Juan Carlos I, a la Reina Sofía y a otros miembros de la Familia Real por el uso de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares. Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia no aparecen entre los beneficiados de estas tarjetas opacas. Tampoco la Princesa de Asturias ni la Infanta Sofía.

Los movimientos en las cuentas citadas corresponderían a los años 2016, 2017 y 2018, es decir, son posteriores a la abdicación de Juan Carlos I, y por ello quedarían fuera de la inviolabilidad de la que éste gozaba hasta dicha fecha. Según la Fiscalía General del Estado, al superar incrementos de renta no declarados por encima de los 120.000 euros, podrían constituir delito fiscal.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que, «tras una reunión mantenida por los fiscales responsables de la investigación, la Fiscalía valorará el alcance de la declaración tributaria presentada por Juan Carlos I de Borbón el pasado 9 de diciembre, su espontaneidad, veracidad y completitud, en el marco de la investigación más amplia que se seguirá llevando a cabo por la Fiscalía del Supremo».