El presidente de los regantes enfrentados con Page denuncia que el PSOE amenaza con represaliarlo

El presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos (CUAS), Ruperto Mesas, enfrentada con el gobierno de Emiliano García-Page por el agua del río Guadiana para los cultivos de regadío ha denunciado ante la Guardia Civil de su pueblo, San Clemente (Cuenca), a la alcaldesa socialista del mismo, Charo Sevillano, por «posibles represalias una vez pasen las elecciones del 28/05/2023, tanto por parte de la alcaldesa como por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha («Emiliano»)».

La CUAS junto con otras organizaciones de agricultores se han postulado en contra de la política agraria durante estas últimas semanas, convocando protestas y acciones como una «tractorada» el pasado 28 de mayo en San Clemente (Cuenca) coincidiendo precisamente con un acto electoral del presidente socialista de la Junta en la localidad.

Aquel acto debió de molestar a Charo Sevillano, actual alcaldesa socialista del pueblo que opta a la reelección y cuando Mesas puso el 24 de mayo en su página de Facebook el comentario «Pan y Circo señorías. Nada más y nada menos que 75.000 € en música… a 11 € de impuestos por habitante!!! Tres días antes de las elecciones… No está mal tirá la piedra», en alusión a una actuación municipal del equipo de gobierno del pueblo.

La denuncia fue interpuesta el 25 de mayo después de que «a las 6.57 horas (…) el denunciante recibió en su teléfono particular (…) un mensaje a través de la red social Whatsapp desde el teléfono (…) usado por la señora alcaldesa de la localidad de San Clemente, María Rosario Sevillano Calero. El presidente de la CUAS aportó a la denuncia hasta 17 audios de Whatsapp con la voz, supuestamente, de la alcaldesa donde se recogerían estas «coacciones y amenazas» según el documento.

La denuncia recoge también que «la señora María Rosario habría vertido la acusación de que el denunciante utilizaría su cargo y la estructura de dicha CUAS en beneficio propio para regularizar sus pozos de agua para riego». Y añade que «en los audios la señora María Rosario también le señala como organizador personal de una tractorada y de haber reventado un acto público del candidato a la JCCM D. Emiliano García-Page el día 18 de mayo de 2023 con la intención de alterar el resultado electoral». En el mismo acto Mesas aportó documentación sobre la autorización de la protesta concedida por la subdelegación de Gobierno de Cuenca.

Los enfrentamientos en los juzgados son públicos y notorios después de que el gobierno socialista de Emiliano García-Page, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se personase ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo para defenderse de un recurso presentado por los regantes de esa comunidad en contra del Real Decreto 35/23 de 24 de enero, que revisa todos los planes hidrológicos españoles.

Una diligencia fechada el pasado 21 de abril daba por personada a la Junta de García-Page en calidad de «recurrida» en contra de los 40.000 regantes de esa comunidad que acudieron al tribunal recurriendo el decreto. El caso es que el recurso va contra un Decreto Ley elaborado por el gobierno de Pedro Sánchez, pero la comunidad de García-Page se ha dado por aludida y eso les enfrentó directamente con sus conciudadanos en el Supremo.

Pelea con Page

Las comunidades de regantes afectadas en este caso por el río Guadiana al que se refiere el Real Decreto son Sierra de Altomira, con unos 3.000 regantes, Mancha Occidental (Tablas de Daimiel) con unos 11.000 usuarios y Rus-Valdelobos con otros 3.000. Pero en total, el nuevo plan afecta a unos 40.000 en toda Castilla-La Mancha. Lo más llamativo del caso es que la orden a los servicios jurídicos de la Junta de Castilla-La Mancha para que se personara en el caso fue firmada por el vicepresidente y ex consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, afectado -no investigado- por una querella interpuesta por los mismos regantes.

Este es el segundo frente legal que tiene abierto la Junta de Castilla-La Mancha contra sus agricultores. El primero es una querella que la Junta se empeña en dar por archivada sin esperar a la resolución del último recurso de apelación. Esta querella fue presentada contra varios cargos de la administración socialista castellano-manchega durante el mandato de José María Barreda, presidente del PSOE de Castilla-La Mancha y de la Junta cuando sucedieron los hechos, deja en evidencia que el gobierno castellano-manchego tuvo que legalizar 2.760 pozos clandestinos.

El argumento para legalizar estos pozos usado por la Junta entonces fue que ese agua era necesaria para lograr la recuperación medioambiental de las Tablas de Daimiel, pero la consecuencia fue que se sustrajeron 14,5 hectómetros de agua del acuífero 23 Mancha Occidental, con el consiguiente problema para los 3.000 regantes de la zona.

El Gobierno regional de Castilla-La Mancha logró poner en su contra a todos los regantes, los afectados por la etapa de Barreda y los agricultores actuales con Emiliano García-Page. La cuestión es que el proceso puso a todas la partes en los tribunales penales, pero también los enfrentó en un Contencioso-Administrativo en el Supremo. Y por si fuera poco ahora la alcaldesa del PSOE de San Clemente se enfrenta con el presidente de la CAUS.