El presidente del PP balear se opone al recurso del Gobierno contra la dictadura lingüística

El PP de Baleares se posiciona en contra del recurso interpuesto por la Abogacía del Estado contra el Ayuntamiento de Pollensa y su acuerdo de dictadura lingüística para eliminar el español en rótulos y cartelería de comercios, empresas y restaurantes. Una medida aprobada por unanimidad en este consistorio de Mallorca que ha contado con el voto a favor del PP. Y no sólo de su único concejal. Tanto el presidente autonómico del partido, Biel Company, como otros alcaldes ‘populares’ han criticado que se recurra porque «la Abogacía del Estado debería ocuparse de otras cuestiones».

El PP balear suma voces contrarias a ese recurso del Estado contra la dictadura lingüística. Se trata de una convocatoria municipal de subvenciones para imponer la rotulación en catalán. Y los abogados del Estado exigen a los juzgados la suspensión cautelar de esas ayudas con dinero público cuyo objetivo es erradicar el castellano de la economía mallorquina. Y eso incluso después de que haya tenido que defender la necesidad de velar por las dos lenguas cooficiales (y no sólo por una) la misimísima delegada del Gobierno en las islas, María Salom.

La representante del Ejecutivo en Baleares ha recordado que la «doctrina constitucional» señala que «la regulación de la cooficialidad lingüística no puede imponer la primacía de una de las lenguas oficiales en relación con otra, ni suponer una postergación o menoscabo de alguna de ellas». Salom asume así que las ayudas a la rotulación en catalán recurridas lo que hacen es marginar al castellano.

Sorprendente respaldo

Pero ni la Constitución, ni el criterio de las instituciones del Estado que velan por su cumplimiento, ni el que ese acuerdo municipal aprobado por todos los grupos políticos de Pollensa vaya ‘contra legem’ parece que pese más en los cargos del PP de Baleares. Desde su presidente a varios alcaldes  han respaldado este acuerdo para extender la dictadura lingüística que avanza imparable en Baleares.

Lo demuestran el alcalde de Petra (Mallorca), Martí Sansaloni (PP), quien asegura que esta decisión ha sido provocada por la situación de Cataluña. «Hace 20 años que se dan estas subvenciones y la Abogacía del Estado reclama ahora. No entiendo que se metan con estas cuestiones con el conflicto que tienen». El regidor popular añade además que»la lengua nunca ha de ser objeto de confrontación», obviando el uso que el independentismo hace de las lenguas regionales como arma política.

Otro primer edil mallorquín del PP que ha mostrado su desacuerdo  es el de Santa Eugenia. Xisco Martorell ha dicho estar «Sin palabras y muy sorprendido. Creía que este tema ya lo teníamos superado y estas acciones no nos hacen ningún favor y nos ponen en entredicho».

Entretanto, el ayuntamiento de Pollensa, que gobierna una coalición de la  izquierda independentista ( ‘Junts Avançam’, que integran Més, ERC y PSIB-PSOE) y el gobierno balear que preside la socialista Francina Armengol acusa al Ejecutivo de Mariano rajoy de «querer exportar el artículo 155 de Cataluña a Baleares».

La defensa del consistorio

El consistorio ha remitido al juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Palma un escrito de oposición a la solicitud de suspensión cautelar de estas subvenciones. Alega  que son «sencillamente una medida de fomento del uso del catalán en el ámbito económico que ni penaliza la utilización del castellano, ni mucho menos lo elimina».

Como argumento, el ayuntamiento de Pollensa sostiene que en las bases de la convocatoria especifican que «se podrán usar otras lenguas con la condición de que el texto catalán esté en primer lugar».Lo cierto es que el respaldo del único concejal que tiene el PP en este municipio ha provocado un tremendo malestar entre muchos votantes del partido. Las llamadas de protesta a la sede en Palma de Mallorca se suceden ante una medida que ha obligado al PP balear a convocar una reunión de urgencia este miércoles y que amenaza con provocar una nueva fuga de votos en próximas elecciones.