La presidenta del PP de Villaviciosa juzgada por constuir un chalé ilegal sobre terreno no urbanizable

Pilar Martínez ha sido acusada de haber construido sobre suelo no urbanizable de especial protección ante edificaciones, causando un daño ambiental según el escrito acusador de hasta 57.965 euros a su municipio, según ha informado Esdiario.

El juicio oral se celebra en la Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid, y también están entre los acusados dos hermanos suyos y un familiar más.

Según el escrito del fiscal, la familia Martínez construyó seis edificios residenciales rodeados por muros de hasta tres metros para que desde el exterior no se pudieran ver las viviendas que infringirían las normas. En ese suelo no urbanizable, explica el fiscal, está prohibida «la construcción de nuevas edificaciones y la modificación de las existentes, salvo las vinculadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales». La presidenta del PP de Villaviciosa no pidió permiso alguno para proyectar estas construcciones.

Durante los cinco años que ha pedido el fiscal, Martínez tendría prohibido el sufragio pasivo. Se da la circunstancia de que la popular aún aspira a ser la candidata de su partido a las municipales del próximo mayo, a pesar de que, amén de esta causa, también se encuentra investigada dentro del caso Lezo por su etapa como consejera de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en la época de Alberto Ruiz Gallardón.

Martínez tiene una larga trayectoria en la política local y nacional. Ya fue concejal en Villaviciosa (1983-1999) y alcaldesa durante dos legislaturas (1991-1999). De ahí pasó a la Comunidad de Madrid como diputada (1999-2003) y consejera de Servicios Sociales (1999-2003) para saltar a concejal de Urbanismo (2003-2011) con Alberto Ruiz-Gallardón. Por último, en el Ministerio de Fomento fue directora general de Arquitectura, Vivienda y Suelo (2011-2014).

La acusada colgó recientemente una entrada en su perfil de Facebook en la que afirmaba que el PP madrileño, que encabeza Pío García Escudero, sigue respaldándola. Por el momento no ha sido suspendida de militancia, en tanto que el partido se ciñe a la literalidad de sus Estatutos, que establecen que un afiliado será suspendido de forma provisional «cuando esté incurso en un proceso penal en el que se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción», aduciendo que este caso no está relacionado con un asunto de corrupción.