El PP se querella contra Quim Torra por usurpación: «Mantiene su cargo en abierta y franca rebeldía»

El Partido Popular ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una querella contra Quim Torra por un delito de usurpación de funciones al «empecinarse en mantener el cargo en abierta y franca rebeldía frente a la Constitución y el Estatuto».

Según la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, «la situación provocada por el querellado produce una grave perturbación del orden constitucional, ya que las funciones que se están ejerciendo ilegalmente son las de presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que no es un funcionario cualquiera, y que además de acuerdo con la Constitución es el representante del Estado en dicha Comunidad».

«La continuidad en la delictiva actuación del querellado, asumiendo funciones que no le corresponden, perjudica gravemente los intereses de todos los catalanes y de España como Nación, y es gravemente contraria a la Constitución, por lo que debe ponerse fin de inmediato a tan ilícito proceder», considera el PP.

En su opinión, «es preciso adoptar las cautelas que procedan para que tan grave perturbación del orden constitucional no continúe por más tiempo, generando una falsa apariencia de legalidad en la actuación de quien de manera consciente, deliberada y dolosa se sitúa al margen de la Constitución y manifiesta con absoluta jactancia que pretende continuar hasta el final en tan ilícita conducta, con desprecio absoluto por el cumplimiento de la ley».

Sánchez «desiste» en sus funciones

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha subrayado hoy que la querella del PP contra Quim Torra se ha presentado ante «el desistimiento» del Gobierno en «el cumplimiento de sus obligaciones» por no instar al Parlamento catalán su cese y «en algunas ocasiones en connivencia con el acto irregular e ilegal».

Al respecto, López ha explicado que la querella se interpone al entender el PP que Torra ha dejado de ser presidente de la Generalitat como consecuencia de perder su condición de diputado tras la resolución del Tribunal Supremo que respalda la decisión de la Junta Electora central de inhabilitarle.

«El Estatuto de Cataluña y la Constitución prevén que los presidentes de las comunidades deben ser elegidos entre los diputados del Parlamento de tal manera que la pérdida de la condición de diputado determina la pérdida de la condición de presidente», ha señalado.

Por tanto, ha insistido en que «legalmente» está previsto en el Código Penal como un delito de usurpación de funciones, reseñando que se interpone como consecuencia del «desistimiento del Gobierno en el cumplimiento de sus funciones», ya que «debería estar en estos momentos instando» a su cese de Torra y «determinando una nueva sesión de investidura» en el Parlamento catalán.

De este modo, ha indicado que el PP se ve «en la obligación» de «defender el Estado de derecho y ante lo que ha considerado una «connivencia en algunas ocasiones» con «el acto irregular e ilegal».