El PP pide que Sánchez explique en el Congreso la financiación del PSOE valenciano y eche a Ábalos
El Grupo Popular quiere que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en un Pleno extraordinario del Congreso para explicar por qué «se niega» a cesar al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, por ser copropietario de la sede de una ONG a la que se ha vinculado con la presunta financiación ilegal del PSOE valenciano.
Con el objetivo de que esta comparecencia tenga lugar durante el verano, el primer partido de la oposición ha registrado una solicitud para que se reúna la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, y se vote su petición.
En concreto, el PP reclama explicaciones a Sánchez por su empeño en mantener a Ábalos como ministro «tras conocerse que es copropietario de Fiadelso, una ONG que recibió 4,9 millones de euros en subvenciones públicas y con los que se pagaron viajes a personas clave de los casos Imelsa y Crespo Gomar, empresas investigadas por presunta financiación ilegal del PSPV».
Borrell por Nicaragua y Ribera por el ATC
Además, los ‘populares’ quieren que la Diputación Permanente debata también sus peticiones de comparecencia de los titulares de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
En concreto, el PP reclama que Borrell explique ante la Comisión de Asuntos Exteriores laposición del Gobierno español ante la brutal represión a la oposición democrática de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.
A la ministra de Transición Ecológica le exigen que informe acerca de su decisión de paralizar la construcción del Almacén Temporal de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC) en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca).
Este miércoles, el Gobierno anunciaba que había pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión del dictamen que el organismo regulador estaba llevando a cabo sobre la autorización de la construcción de estas instalaciones. El departamento que dirige Ribera explicó que el objetivo es dejar en suspenso este informe hasta tener una «evaluación más detallada de la situación actual».
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