Sentencia caso ERE Andalucía

El PP exige a Sánchez que asuma responsabilidades por los ERE: «Si no lo hace está inhabilitado»

Vídeo: Europa Press

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha exigido al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que asuma responsabilidades por la sentencia del caso de los ERE de Andalucía, conocida este martes.

"Si no asume responsabilidades políticas por el robo del dinero destinado a los parados andaluces está inhabilitado para seguir ejerciendo como presidente, también en funciones", ha destacado García Egea.

El dirigente ‘popular’ ha parafraseado al propio Sánchez, en su intervención en el Congreso durante la moción de censura contra Mariano Rajoy: "La corrupción actúa como un agente disolvente de cualquier país, merma la fe en el Estado de derecho, cuando campa a sus anchas o no hay una respuesta acorde al daño que se ocasiona'".

"Estas palabras que le espetó Pedro Sánchez a Mariano Rajoy hoy están más vivas que nunca. Si el señor Sánchez no responde del dinero robado, le inhabilita para ser ni siquiera presidente en funciones del Gobierno de España", ha considerado.

"Queremos saber si el señor Sánchez respalda su hemeroteca. Queremos saber si el señor Sánchez va a presentar una moción de censura contra sí mismo, que es lo que acostumbra cuando ocurre algo parecido", ha ironizado.

García Egea ha recordado que "el que ha mantenido que hay que asumir responsabilidades políticas, cuando ha afectado a otros partidos, es el señor Pedro Sánchez". Por ello, ha dicho, "hay que preguntarle qué haría para establecer un criterio en cómo se actúa cuando al PSOE se le condena por el mayor caso de corrupción de la democracia española".

El ex presidente socialista andaluz José Antonio Griñán ha sido condenado a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por malversación y prevaricación continuada y Manuel Chaves a 9 años de inhabilitación por prevaricación.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha notificado este martes el fallo sobre la parte política del fraude orquestado desde el ente autonómico y los mecanismos diseñados para ponerlo en práctica.

Según la sentencia, los socialistas establecieron un sistema irregular "cuyo punto de partida fue la modificación presupuestaria aprobada el 18 abril de 2000", que tuvo por objeto reducir la partida presupuestaria inicial "que era la adecuada para la concesión de subvenciones", para "dotar de fondos a otra que no existía en el presupuesto inicial aprobado, y que no era legalmente apropiada para su otorgamiento".

Los socialistas desviaron, con cargo a dicho método, más de 680 millones de euros de fondos sin control de una partida cuyo objetivo era conceder ayudas laborales a trabajadores de empresas que, durante la crisis, se vieron afectados por expedientes de regulación de empleo.

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