El Gobierno encarga a la empresa de las pulseras antimaltrato ‘fake’ la seguridad del Ejército en el Líbano, Irak y Letonia

El Gobierno ha pagado casi un millón de euros (950.000) a la empresa que falló en la monitorización de las pulseras antimaltrato fake del Ejecutivo para que gestione ahora los sistemas de seguridad de las bases, acuartelamientos y establecimientos de todo el Ejército de Tierra en España y en los destacamentos del Líbano, Irak y Letonia.

Según ha podido comprobar OKDIARIO, la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército adjudicó el pasado 4 de noviembre a Securitas Seguridad España S.A. un contrato para asumir la reposición y el mantenimiento de los sistemas de seguridad en diversas BAE (bases, acuartelamientos y establecimientos) del Ejército de Tierra en Territorio Nacional y en los mencionados destacamentos españoles en zonas de operaciones del extranjero.

En este caso, el Ejecutivo señala en el documento que se trata de un contrato basado en un Acuerdo Marco cuyo procedimiento ha sido «negociado con publicidad» y que tiene un plazo de ejecución de 55 días desde la formalización hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta «agotar crédito».

Cabe recordar que la empresa a la que el Gobierno ha confiado el mantenimiento de las cámaras y materiales de seguridad y productos tecnológicos de defensa de todos los soldados del Ejército de Tierra de España estuvo señalada por las graves incidencias que pusieron en peligro a numerosas víctimas de violencia de género.

El primero de los fallos tuvo lugar a principios de 2024, cuando se produjo un error masivo en el volcado de datos al realizarse el traspaso de la gestión de Telefónica a la UTE que formaron Vodafone y Securitas.

Otra de las incidencias más graves se dio tras producirse un colapso en el sistema central del Servicio Cometa, provocando retrasos en la geolocalización de agresores y víctimas y obligando a activar de urgencia los protocolos policiales para las 4.500 mujeres usuarias.

Pese a la polémica generada en torno a la nefasta gestión de las alertas de las pulseras antimaltrato, hace tan solo seis meses el Ministerio de Igualdad volvió a adjudicar a la alianza de Vodafone y Securitas Seguridad España un nuevo contrato de más de 110 millones de euros para gestionar el Servicio Cometa de estos dispositivos.

El Gobierno no quiso tener en cuenta en el proceso de licitación abierta los fallos registrados en la anterior etapa y regó de millones a la compañía especializada en vigilancia y seguridad en el nuevo acuerdo.

Numerosos contratos y millones de euros

Lo curioso es que los de Sánchez han confiado decenas de veces en esta compañía, incluso después de las negligencias cometidas con las pulseras antimaltrato. De hecho, este periódico adelantó que tampoco dudaron en pagar a esta misma empresa cientos de miles de euros más para que vigilara mediante sistemas de seguridad electrónica las viviendas públicas de Casa 47 que se encontraran en construcción.

Además, sin ir más lejos, a principios de 2025 Vivienda adjudicó un contrato de más de 300.000 euros a Securitas Seguridad para vigilar también los solares de la Operación Campamento cuando únicamente había cuarteles.

Un año más tarde, en febrero de 2026, el Gobierno volvió a elegir a la compañía de seguridad para desempeñar las mismas tareas y en el mismo lugar, pero por más dinero. El departamento de Isabel Rodríguez pagó 377.000 euros en esta ocasión.

En el mismo contexto, pero cambiando la ubicación, la empresa pública de Vivienda, Casa 47, encargó a la empresa vigilar las obras del nuevo barrio mallorquín de Son Busquets por más de 170.000 euros.

No importan los graves fallos de su gestión. Securitas Seguridad España tiene el favor del Gobierno y así lo reconoce abiertamente el Ejecutivo en uno de los pliegos de la licitación que versa sobre la vigilancia de Campamento consultados por OKDIARIO.

En dicho documento, el Ministerio de Vivienda señalaba que Securitas es la mejor opción frente a la otra empresa candidata, Viten Seguridad, pese a que, en lo que respectaba a criterios técnicos, ambas empresas se encontraban bastante igualadas.

Sólo les diferenciaba uno de los puntos, la oferta económica. En este caso, Viten, su competidora, ofrecía sus servicios por 255.300 euros, mientras que Securitas incrementaba el precio de su trabajo hasta 57.000 euros por encima. Es decir, era más cara.

Pese a ello, el documento dejaba negro sobre blanco que fue «la valoración de los criterios evaluables en función de un juicio de valor», lo que otorgó a Securitas la tan jugosa adjudicación para vigilar las obras del nuevo barrio de Campamento. Criterios con los que la empresa de seguridad que ya puso en riesgo a miles de mujeres ahora se embolsa cientos de miles de euros gestionando la seguridad del Ejército de Tierra en España, Irak, Letonia y el Líbano.