El PP denuncia a Iglesias ante la Junta Electoral por usar su despacho del Ministerio con fines partidistas

• Paula Baena @paulabaena26
• Periodismo y Derecho. Redactora de Nacional en OKDIARIO. Política de Madrid. Email: paula.baena@okdiario.com
• • 16/03/2021 14:38
  • Actualizado: 16/03/2021 18:34

El Partido Popular ha denunciado ante la Junta Electoral Provincial de Madrid al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por utilizar el despacho del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 con fines partidistas y electoralistas.

Iglesias anunció ayer que concurrirá a las elecciones autonómicas madrileñas del próximo 4 de mayo con un vídeo grabado desde su despacho del Ministerio algo que, para el PP, vulnera los principios de neutralidad, imparcialidad e igualdad amparados por la normativa electoral.

El partido de Isabel Díaz Ayuso considera en la denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, que el vídeo de Iglesias ha supuesto un «acto encubierto de campaña» realizado desde una institución pública.

«El vicepresidente segundo está utilizando su calidad de tal para realizar un acto partidista, en el que pone en valor aspectos de su programa electoral con recursos públicos por lo que está representación no considera que el acto sea acorde a la normativa electoral, que impone neutralidad a los poderes públicos», reza la denuncia firmada por el representante de los populares José Antonio Martínez Páramo.

La denuncia alega que ese vídeo vulnera el artículo 50.2 de la LOREG que establece que «desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones».

Un precepto interpretado por la Junta Electoral Central en su instrucción del 2/2011, del 24 de marzo, en relación al objeto y los límites de las campañas institucionales y de los actos de inauguración realizados por los poderes públicos en periodo electoral.

Concretamente el artículo 2, recuerda la denuncia, señala que se incluyen en esa prohibición «la inserción de anuncios en los medios de comunicación, que contengan alusiones a los logros obtenidos por cualquier poder público, o que utilicen imágenes, sintonías o expresiones coincidientes o similares a las empleadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones».

Para el Partido Popular, el vídeo distribuido ayer por Iglesias entre la militancia de Podemos, en sus redes sociales y del que se hicieron eco los medios de comunicación, «tiene una única finalidad electoralista» que se puede demostrar con algunas de las afirmaciones recogidas en el mismo.

Afirmaciones como «hemos protegido a trabajadores, empresas y autónomos. Hemos limitado los infames desahucios sin alternativa habitacional y también los cortes de suministros…».

Esa vulneración, prosigue la denuncia, se produce «por haberse grabado el video en despacho del vicepresidente que es absolutamente identificable y que utiliza sistemáticamente para lanzar sus mensajes institucionales como fácilmente se puede comprobar accediendo a las redes sociales de la propia vicepresidencia».

El documento matiza, sin embargo, que tal circunstancia «por sí sola» podría no determinar la vulneración pero ocurre que «el examen del video pone de relieve que la escenografía en la que se desarrolla, con la utilización de símbolos y elementos públicos, conlleva poner al alcance de uno de los contendientes en las elecciones la posibilidad de utilizar medios institucionales que no están disponibles para los restantes candidatos, con el consiguiente quebrantamiento del principio de igualdad de armas».

Además, los populares acusan al líder de Podemos de realizar en su alocución manifestaciones injuriosas que vulneran el principio de neutralidad de los poderes públicos cuando afirma que «el 4 de mayo se decide si la ultraderecha consuma su asalto a Madrid o lo paramos».

Y cuando agrega que «hay que impedir que estos delincuentes, que son criminales, que reivindican la dictadura, que hacen apología del terrorismo de Estado, que promueven la violencia contra los inmigrantes, contra los homosexuales y contra las feministas…».

Por todo ello, el PP solicita a la Junta Electoral Central que abra expediente sancionador a Pablo Iglesias «en calidad de persona responsable de los hechos referidos» sin perjuicio de lo que pudiese resultar de la instrucción del expediente y se imponga la sanción que para estos casos prevé la LOREG en su artículo 153 donde señala que «toda infracción de las normas obligatorias establecidas en la presente Ley que no constituya delito será sancionada por la Junta Electoral competente. La multa será de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares».